UN VALENCIANO EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA TIENE LA MITAD DE POSIBILIDADES DE RECIBIR UNA PRESTACIÓN O SERVICIO QUE CUALQUIER ESPAÑOL DEPENDIENTE.

Según los datos oficiales, Valencia es una de las Comunidades Autónomas que menos personas atiende de toda España, la segunda de mayor en limbo de la dependencia y donde los plazos de aplicación son más largos. En el V Dictamen del Observatorio de la Dependencia, C. Valenciana obtuvo una puntuación de 2.

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales informará sobre los últimos estudios elaborados y sobre el V Dictamen del Observatorio para la Dependencia presentados en el Congreso anual de octubre de 2010, haciendo especial referencia al análisis de los datos para la Comunitad Valenciana.

En este acto se presentará el análisis de los datos oficiales del Sistema de información SISAAD (IMSERSO) donde se ponen de manifiesto las cifras preocupantes que presenta el Gobierno de la C. Valenciana y que evidencian la falta de interés y sensibilidad con las personas en situación de dependencia y sus familias. Con datos de noviembre 2010 catorce de cada mil españoles y españolas son beneficiarios de la Ley de Dependencia, mientras que en Valencia son solo siete de cada mil valencianos/as los que reciben alguna atención, lo que significa que en Valencia hay la mitad de posibilidades de ser beneficiario de la ley.

También el Gobierno de Camps ostenta la segunda peor posición en el número de personas dependientes que se encuentran en el “Limbo de la Dependencia” aquellas personas con derecho reconocido pero a las que no se les prescribe ningún servicio o prestación. 430 de cada 1000 dependientes está en esta situación. Son 27.229 personas en situación de dependencia que desesperan por ser atendidas como les corresponde por derecho.

Además en Valencia no se puede calcular el tiempo que se tarda entre la solicitud y la resolución de valoración, ya que incorporan al sistema de información a los dependientes una vez valorados, no registran las solicitudes. En cuanto al PIAs es una de las comunidades que más retraso acumula: más de un año… Si aplicásemos la media española de beneficiarios de la Ley de Dependencia a la población Valenciana, tendría que haber 69.287 personas y solo se atiende a 36.573.

El gobierno de Camps presenta datos y plazos bochornosos y vergonzantes que hay que denunciar, su irresponsabilidad, insensatez e insensibilidad se representa en el boicot a la Ley de Dependencia en la C. Valenciana. La consejera anuncia tres medidas que hacen referencia a normativizar el proceso en seis meses, algo que ya está en una ley, la de procedimiento administrativo y en el acuerdo del consejo territorial de este mismo año. La compatibilidad de prestaciones y servicios, en la comunidad más estricta en este tema y en la figura del asistente personal en cuatro años no hay ni un solo asistente personal en la C. Valenciana.

José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de la AEDGSS

ACTES D'HOMENATGE ALS DEPENDENTS MORTS SENSE ELS BENEFICIS DE LA LLEI

La Plataforma en Defensa de la Llei de Dependència de la Ribera ha homenatjat a les persones dependents que moriren abans de poder beneficiar-se dels drets que els donava la Llei.

Amb dues corones de flors als cementeris de Corbera i Algemesí i un text llegit per Xavier Cantera, han volgut denunciar una vegada més la injustícia dels nostres governants contra les persones dependents i les seues famílies, en negar-los allò que, per llei, els haurien d'haver facilitat.

REFLEXIONES SOBRE LOS PLAZOS DEL CONSELL...

Se acortan los plazos para el reconocimiento ????? ¿Cómo?. Reflexionemos

El Consell quiere fijar un máximo de seis meses desde la presentación de la solicitud (la Plataformas llevamos esperando que esto se cumpla desde el 2007 que la ley entró en vigor. La Conselleria de Bienestar Social, cuando estaba Cotino hizo referencia a estos decretos. El 27 de octubre de 2009 en la reunión de la Plataforma con Angélica Such ya mencionó los decretos que recortaban los plazos, y siguen siendo unos borradores que anuncian a bombo y platillo y a fecha de hoy no se han publicado. No quiera Sra. Angélica Such, hagalo y cumpla los plazos que la Ley le exige, que los ciudadanos dependientes tienen ese DERECHO, y no es ni caridad ni ayuda)

Asistencia personal
La prestación económica para poder disfrutar de un Asistente Personal sirve para contratar a una persona capacitada para el cuidado durante un número de horas determinadas, cuya función, entre otras, es acompañar y apoyar a las personas beneficiarias de la prestación en las actividades laborales y educativas que desarrolle, además de propiciar una participación regular en actividades sociales que favorezcan el desarrollo de una vida activa. ( según datos facilitados al SAAD en esta C. valenciana solo la recibe 1 persona)

Respecto a las incompatibilidades no quiere ni oir ni hablar.

No queremos servicios Sociales privados. Queremos Servicios Públicos que garanticen los derechos de los ciudadanos, independientemente del poder económico que tengan.

COMUNICADO DE PRENSA ; VALENCIA, 13 DE JULIO DE 2010

LAS PLATAFORMAS VALENCIANAS EN DEFENSA DE LA LEY 39/2006, DE AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA queremos manifestar:

En primer lugar, nuestra solidaridad con el acto de DENUNCIA que está realizando en este momento nuestra compañera Llanos y su hijo Ulises en Alicante según nos hace saber ella misma:

“Hoy martes, día 13 de Julio, he decidido encadenarme, junto con mi hijo Ulises, en la puerta del PROP de Alicante, para exigir a la Generalitat Valenciana que nos abone los atrasos de la prestación de cuidador familiar de la dependencia que nos ha reconocido en febrero de 2010. La cantidad adeudada por la Consellería de Bienestar Social asciende a 13.416 €, correspondiente a los atrasos de 2 años desde la presentación de la solicitud de Reconocimiento de Dependencia. Sin embargo, sólo nos ha reconocido la retroactividad del último año, que asciende a 6.516 €, pero no nos paga.

Hemos presentado Demanda Contencioso-Administrativa, que ha sido admitida a trámite en la Sección Quinta del TSJ-CV, la misma que ha reconocido ya la retroactividad desde el momento de la solicitud de la aplicación de la Ley de Dependencia en la Sentencia 77/2010 de 15 de febrero.

Asimismo voy a presentar un escrito en el Registro del PROP, solicitando una entrevista con el Secretario Autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Dn. Joaquín Martínez, para exponerle nuestra situación.

Es mi intención acudir diariamente a la puerta de la Consellería en Alicante a las 11 h, con una pancarta, hasta que se haga efectiva en la cuenta de mi hijo la cantidad de 6.516 € que se le ha reconocido”.

En segundo lugar, manifestar que transcurridos ya más de tres años y medio de la aprobación de la Ley, las personas en situación de dependencia y sus familias o cuidadores de la Comunidad Valenciana nos sentimos:

DEFRAUDADOS, porque pusimos muchas ilusiones en la aplicación de la nueva ley y estamos muy necesitados de las prestaciones que nos concede.

DESESPERADOS, porque hemos agotado nuestra gran paciencia en el lento y complicado procedimiento para la solicitud de la ayuda. Los plazos se alargan, si no es en una fase del proceso es en otra, las ayudas tardan más de 18 meses en llegar, si llegan. Muchas personas grandes dependientes han fallecido esperando la P.I.A. y los familiares pierden sus derechos al no concederse la retroactividad en nuestra comunidad desde la fecha de la solicitud.

ENGAÑADOS, porque sabemos que en la Comunidad Valenciana no se aplica la Ley correctamente y vemos que mientras se invierten grandes sumas de dinero en temas de ocio y adorno de las ciudades, nosotros seguimos necesitando ayuda para realizar las funciones más básicas de la vida. El dinero se pierde por el camino o se deja de percibir por su negligencia en la tramitación de la Ley y su respuesta es que el Gobierno Central no manda el suficiente dinero, cuando en realidad es el Gobierno Valenciano, Consell, el que por su incompetencia provoca esta situación.

Según los datos del SISAAD (SERVICIO DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA) de fecha 1 de julio de 2010, hay casi 40.000 valencianas y valencianos esperando la propuesta del Programa Individual de Atención (PIA); y cerca de 30.000 personas beneficiarias con derecho a prestación que incomprensiblemente aún no la están recibiendo, siendo que la Administración General del Estado ya ha enviado la financiación y recursos económicos correspondientes a la Consellería de Bienestar Social. ¿Dónde y para qué fines se está empleando este dinero? ¿Por qué somos la antepenúltima Comunidad Autónoma (o sea tercera por la cola) en personas beneficiarias con prestaciones en relación a la población?

DESAMPARADOS, porque tenemos que luchar para que se cumpla una Ley y cuando acudimos a los tribunales nos encontramos con que al enfrentarnos a la Administración es el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, el proceso más caro y largo que existe. Pedir que se nos otorguen nuestros derechos nos cuesta un dinero que no tenemos mientras ellos utilizan el nuestro para defenderse lo mejor posible. No existe un turno de oficio en el Colegio de Abogados de Valencia que nos ampare y ayude a solucionar estos trámites.

En fin, muy ENFADADOS, porque pensamos que nadie se merece este trato negligente y en nuestro bendito Estado de Bienestar alguien debería velar por el correcto cumplimiento de las leyes en nuestra Comunidad Valenciana.

EN VALENCIA A 13 DE JULIO DE 2010.

MANIFIESTO DE LA PLATAFORMA DE ELCHE EN APOYO A LLANOS

La Plataforma en Defensa de la Ley de dependencia de Elche, muestra su apoyo a Llanos y a su hijo Ulises de la Plataforma de Alicante, que hoy inicia una protesta a las 11 horas y que va a permanecer todos los días a la misma hora, ante las Oficinas del PROP de Alicante, para exigirle a la Conselleria de Bienestar Social la prestación que se le adeuda y que ya tienen reconocida. Este es un derecho que contempla la ley, y que el gobierno Valenciano está negando a muchos afectados.

Las personas dependientes no tenemos culpa de la ineptitud de los políticos que gobiernan en la comunidad Valenciana y que en vez de resolver las solicitudes en 6 meses como así dice la ley , estén tardando entre 2 y 3 años, motivo por el que se ha generado el derecho , y que la Consellería adeuda a muchas personas dependientes.

Queremos denunciar que es injusto el decreto que hizo el gobierno Valenciano, sobre la retroactividad en los cuidados no profesionales ya que ha sido en el seno de la familia donde se han hecho los cuidados necesarios, desde siempre y mucho antes de que se hiciera la ley. Los padres hemos cuidado de los hijos dependientes, los hijos a sus padres, y los cónyuges cuando estos no han podido valerse . Los únicos que se han despreocupado han sido los Consellers de Bienestar Social que, año tras año, nos han estado denegando ayudas técnicas , para grúas, camas adaptadas etc. y encima nos exigen que hemos de justificar que les hemos cuidado, nos exigen una cotización o un pago justificado a través de banco .

Desde cuando los padres se dan de alta en la Seguridad Social para cuidar de sus hijos o se hacen ingresos a sí mismos , pensamos que ninguno. Por eso entendemos, que no es justo tener que ir a un Contencioso Administrativo, para demostrar un cuidado que generosamente y desinteresado, le hemos dado y les seguimos dando. La ley de dependencia, no es más que un apoyo a la familia, y a la persona dependiente.

Ahí seguimos estando los padres, los hijos, los cónyuges, en esa dura lucha del día a día, 24 horas tras 24 horas. Por esto es tan importante la actitud de la compañera Llanos de la Plataforma de Alicante, que nos sirve para hacernos ver y que se sepa que estamos aquí y que por fin las personas dependientes tienen derechos, por los que vamos a seguir luchando.

Exigimos al gobierno Valenciano que reconozca la retroactividad que contempla la ley, retire el decreto realizado por su gobierno y se preocupe de verdad por las personas dependientes y sus familias, en vez de tanto trapicheo corrupto y amiguismo, que nos cuesta mucho del presupuesto a los contribuyentes. Ante tanta incompetencia, el Sr. Camps y la Sra. Angélica Such deberían dimitir.

Rosario Rives.- Por la Plataforma en Defensa de la Ley Dependencia Elche

CAMPANYA DE RODA-BALCONS

Les PLATAFORMES EN DEFENSA DE L'APLICACIÓ DE LA LLEI 39/2006 D'AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA hem iniciat una CAMPANYA de VISIBILITAT i INFORMACIÓ de l'Aplicació de la Llei de Dependència en la Comunitat Valenciana, que consisteix en la distribució y col·locació de RODA-BALCONS (Pancartes) arreu de tot el País Valencià.

Hem d'omplir La Ribera de Roda-Balcons, perquè es veja des de ben lluny que volem que s'aplique bé i ja la Llei.

Per això, podeu passar pels locals de la Plataforma de La Ribera (C/ Sueca, 26, davant la gasolinera de l'Alquerieta, a l'entrada o eixida cap a l'Hospital de La Ribera) cada dijous, de 5:30 a 8:30.

Les pancartes valen 3 euros, i estan fets de tela plastificada,que durarà , al menys, fins el mes de desembre.

COMUNICADO PARA LA RUEDA DE PRENSA (27/5/10)

COMUNICADO PARA LA RUEDA DE PRENSA

Valencia, 27 de mayo de 2010

Buenos días a las y los miembros de los Medios de Comunicación, y a todas y todos los amigos que habéis acudido a esta convocatoria de Rueda de Prensa para apoyar el trabajo de las PLATAFORMAS VALENCIANAS EN DEFENSA DE LA LEY 39/2006, DE AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.

Con motivo del REAL DECRETO-LEY 8/2010, DE 20 DE MAYO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO, queremos dar a conocer nuestra postura ante el mismo y nuestra valoración sobre el efecto que puede tener en la Comunidad Valenciana, en relación al SAAD ( SISTEMA DE AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA).

Subrayar que en la Comunidad Valenciana la retroactividad no se ha dado de oficio sino, en todo caso, por la reclamación insistente de las personas en situación de Dependencia o sus familiares, incluso empleando la vía judicial, a pesar que la Ley de Dependencia la reconoce en su Disposición final primera, punto 2.

Con las nuevas disposiciones con efectos a partir del 1 de junio de 2010 y en concreto con el aplazamiento a 5 años del pago de las retroactividades a que se tenía derecho según la normativa anterior, está claro que van a salir beneficiadas las administraciones públicas, especialmente aquellas que, como la Comunidad Valenciana, han hecho una aplicación muy cicatera del derecho a la retroactividad, pero van a significar un notable perjuicio para algunos grupos de personas en situación de Dependencia.

Aunque por otra parte el Decreto establece un plazo máximo de 6 meses para la tramitación del expediente, desde la solicitud hasta la resolución del reconocimiento de la dependencia y textualmente dice que “Si una vez transcurrido el plazo máximo de seis meses desde la solicitud, no se hubiera notificado resolución expresa de reconocimiento de prestación, el derecho de acceso a la prestación económica que, en su caso, fuera reconocida, se generará desde el día siguiente al del cumplimiento del plazo máximo indicado.»”

Lo cual, en principio, parece ser una garantía, al menos, de que si bien la retroactividad no alcanza hasta el momento de la solicitud, sí alcanza hasta el momento en el que se cumplen los 6 meses de ella.

En otras CCAA esto puede suponer un perjuicio para el dependiente, pero en nuestro caso y dada la tardanza con que resuelve nuestra Conselleria de Bienestar Social los expedientes, es una garantía no sujeta a interpretaciones de que las retroactividades se cobrarán.

Con todo, diversos interrogantes se abren ante la nueva situación:

• ¿Cómo garantizará el gobierno central que el procedimiento se realizará en 6 meses?
• ¿Qué presión puede ejercer sobre las CCAA para que hagan realidad ese plazo?
• ¿Qué pasará con los retrasos prolongados sine die de PIAs?
• ¿Qué pasará con el silencio negativo?.

Es importante también saber, para eliminar incertidumbres, la situación en la que quedan las personas (que habiendo realizado la solicitud y teniendo el PIA concedido o sin tenerlo) respecto del derecho de acceso a los servicios y prestaciones correspondientes. Pues bien el derecho de acceso se genera desde el momento de la solicitud, según dice la Disposición transitoria tercera del Decreto. Solicitud de prestaciones de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

Esperamos de la Administración Valenciana, en primer lugar, resuelva todos los expedientes iniciados en el año 2007, de grandes dependientes que por Ley deberían haber quedado resueltos el 31 de diciembre de 2007. Nos consta muchas personas en situación de Dependencia han fallecido esperando la aplicación del DERECHO que concede la Ley de Dependencia, y otras muchas están aún pendientes de la misma, con su consiguiente desespero y el de sus familiares; y en segundo lugar, que no privilegie la resolución de expedientes que le sea más favorable económicamente y las resoluciones se vayan realizando según el orden en que vayan produciéndose las solicitudes, no sea que a causa del Real Decreto-Ley 8/2010, los solicitantes más antiguos vean eternizados sus expedientes.

Aprovechamos esta ocasión para insistir en lo que viene siendo una petición reiterada por la Plataforma, esto es, la necesidad de la integración de los SMADs en los Servicios Sociales Generales, no podemos olvidar que no se trata de servicios y prestaciones en sí mismos, sino de recursos que se aplican en un proceso de intervención social, preferiblemente en la comunidad donde reside la persona, para que mejore y aumente su calidad de vida en un momento vital en que la persona no puede valerse por sí misma.

Muchas gracias por vuestra atención.

EN VALENCIA A 27 DE MAYO DE 2010.

EL “RECORTE” O LA DEUDA ACUMULADA DE LA DEPENDENCIA

POSICIONAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN DE DIRECTORAS Y GERENTES DE SERVICIOS SOCIALES sobre las medidas de ahorro del gasto público anunciadas por el presidente del Gobierno en la comparecencia de 12 de mayo de 2010

Con relación a las medidas anunciadas, en concreto a la que afecta al SAAD y que textualmente dice: “Suprimir, para los nuevos solicitantes, la retroactividad del pago de prestaciones por dependencia al día de presentación de la solicitud, estableciéndose, paralelamente, un plazo máximo de resolución de 6 meses, cuyo incumplimiento llevará aparejada retroactividad desde esa fecha.”

Consideramos:

PRIMERO.- Lamentamos que una de las medidas más significativas de este plan de ahorro del gasto, se centre en un Sistema de protección social tan básico y tan escasamente desarrollado, como el de la atención a la dependencia, existiendo otros ámbitos del gasto público en los que podría haberse generado en mayor medida y con menor afectación a personas y situaciones que tanto necesitan un apoyo del conjunto de la sociedad.

SEGUNDO.- Lamentamos, así mismo, que la reducción del déficit público se base exclusivamente en medidas de ahorro, sin contemplar el incremento de ingresos mediante medidas como una reforma fiscal con mayor progresividad, reimplantación del impuesto sobre el patrimonio, lucha más decidida contra el fraude fiscal, etc

TERCERO.- En relación con la medida específica que hace referencia a la eliminación de la retroactividad en el pago de las prestaciones económicas del Sistema de Atención a la Dependencia, consideramos:

a) Que aún cuando la medida se aplicará a nuevos solicitantes, afecta también a las personas que siguen a la espera de Valoración o PIA, debido -en muchas ocasiones- a la actitud de desidia de sus CCAA de residencia, ya que lamentablemente el plazo de 5 años para el pago de retroactividad hace que las Comunidades Autónomas que han gestionado la Ley de manera perversa incumpliendo los plazos -las que acumulan en el “limbo de la Dependencia” un número importante de personas dependientes-, sean las que se van a beneficiar de esta medida, que provocará que más de la mitad de los dependientes que tienen reconocido el derecho habrán muerto cuando se pague la retroactividad. Esto más que un ahorro, es una deuda acumulada que genera un malestar social e recorta un derecho subjetivo aprobado por Ley.

b) Por otra parte, esta medida, esta medida no afecta al contenido de los derechos a atención de las personas en situación de dependencia ni al calendario de aplicación de la Ley, y puede tener también algún efecto positivo:

• en primer lugar, puede suponer una mayor agilidad del Sistema de Atención a la Dependencia, ya que las CCAA que no resuelvan el expediente en el plazo de 6 meses (como ya se había acordado) tendrán que asumir el pago con carácter retroactivo a que hubiera lugar (hasta ahora disponían de 1 año de moratoria para disponer de ingresos gubernamentales por cada dependiente reconocido).
• en segundo lugar, y esto es muy importante, puede favorecer el desarrollo de servicios y la consiguiente creación de empleo, al suponer un freno a la elección de prestaciones económicas (que ahora son el 57 % del total de beneficiarios del Sistema), al desaparecer la posibilidad de recibir importantes cantidades acumuladas por retroactividad por parte de los dependientes y sus familiares, que favorecía la elección de estas prestaciones económicas frente a los servicios.

No obstante habrá que estar a lo que definitivamente se apruebe por parte del Consejo de Ministros en el anunciado Decreto-Ley para la próxima semana, y en todo caso, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales permanecerá vigilante para evitar que la aplicación de las medidas de ahorro público (de todas las administraciones) puedan afectar al conjunto del Sistema de Servicios Sociales en los diferentes territorios autonómicos.

La Asociación ya se ha pronunciado repetidas veces sobre la oportunidad de inversión (gasto productivo) que suponen los Servicios Sociales en España. El conjunto de medidas de contención del gasto público propuestas, lamentablemente no va acompañado de otras posibles que se han sugerido (Reforma fiscal hacia una mayor progresividad, reimplantación del impuesto sobre el patrimonio, lucha más decidida contra el fraude fiscal, etc...) para sanear la economía española y se pone el énfasis en la reducción del gasto pero no supone un incremento de los ingresos, por lo que se traspasan "líneas rojas" del recorte en protección social.

De producirse recortes en materia de Servicios Sociales, (efecto rebote en las Comunidades Autónomas y en las Entidades Locales), serán objeto de contundente denuncia por nuestra parte.

José Manuel Ramírez Navarro.
Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

LA PLATAFORMA DE LA RIBERA JA TÉ LOCAL

L'Ajuntament d'Alzira ha cedit a la Plataforma de la Ribera en Defensa de la Llei de Dependència un local al C/ Sueca num. 12 de la ciutat (enfront de la gasolinera de l'Alquerieta,en la rodona d'eixida -o entrada- cap a a Sueca/Cullera/Albalat/Hospital de la Ribera.

És per això que les persones interessades en contactar amb la Plataforma o preguntar sobre el seu cas particular poden acodir a aquest local el 1r i 3r dijous de cada mes, de 5:30 a 8:30 de la vesprada.

Cas que ho necessiten, se'ls podrà donar cita per a una entrevista individual amb un/a especialista en la problemàtica que plantegne, o a una reunió de grup per tractar algun tema.

Amb aquest local, que s'aconsegueix un any després que la Plataforma començara les seues activitats, es pega un pas endavant per poder atendre millor les persones dependents i les seues famílies, i per reivindicar els seus drets davant les institucions públiques.

DESCANSO EN PAZ. MUCHAS GRACIAS

Sra. Angélica Such, Sr. Joaquín Martínez, les mando estas letras para comunicarles oficialmente mi fallecimiento. Perdonen mi falta de paciencia: después de tres años esperando una respuesta a mi Solicitud de Reconocimiento de Dependencia, mi cuerpo no ha podido aguantar más, a pesar del cuidado y dedicación de mis familiares.
Perdonen mi falta de respeto por haberme marchado sin despedirme de ustedes. Pensaba que mis familiares lo habrían hecho por mí. Pero seguramente estarán tan agotados y desanimados que no habrán tenido fuerzas suficientes para hacerles llegar mi certificado de defunción.

Comprendan que han sido tres años llevando papeles y haciendo llamadas sin ningún resultado.
Por eso me dirijo a ustedes con esta carta. Porque no quisiera ser el responsable del retraso de otras solicitudes de personas que todavía están vivas. Se lo comunicaré asimismo a los miles de personas fallecidas que se encuentran aquí conmigo y que tampoco recibieron respuesta a sus solicitudes.
Porque no queremos que el Secretario Autonómico vuelva a decir que hay retrasos porque no se comunica el fallecimiento de las personas dependientes que presentaron su solicitud. Me parece de muy mal gusto que nos eche la culpa a los muertos de su incompetencia.

DESCANSO EN PAZ. MUCHAS GRACIAS”

LLANOS RODRIGUEZ EXPOSITO
Miércoles, 28/04/2010
Diario Las Provincias.es.
Cartas al Director

COMUNICADO DEL OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA

Indefensión jurídica de la ciudadanía valenciana en situación de dependencia

¿a qué puerta tocar?

La ciudadanía valenciana que está sufriendo la difícil tramitación del derecho a ser atendidos por encontrarse en situación de dependencia, no sólo deben hacer frente a los complejos vericuetos a los que les somete la administración valenciana sino que, además, se encuentran desamparados frente a las irregularidades de la misma.

De sobra es sabido que la C. Valenciana se distingue por los largos plazos a los que es sometida la petición ciudadana, por el no reconocimiento de la retroactividad desde el momento del registro de la solicitud, por un rígido sistema de incompatibilidades entre prestaciones, por haber regulado el silencio negativo, entre otras. Frente a este adverso escenario el ciudadano sólo sabe que en caso de ser reconocido en situación de dependencia tiene reconocido el derecho subjetivo a ser atendido, y que este derecho puede exigirlo por la vía administrativa y judicial.

A l@s ciudadan@s sólo les queda interponer la oportuna queja o recurso, y si la administración no responde o lo hace desestimatoriamente, recurrir en cada caso concreto a la vía judicial. Para colmo, esta última vía no resulta en el caso Valenciano la “natural”, acudir a los juzgados de lo social, más rápidos, sin costas, y con Jueces con experiencia y algo de “sensibilidad” por estas temáticas. Por el contrario, la C. Valenciana aboca a que estos temas sean asumidos por el Contencioso Administrativo, más lento, con costas, y acostumbrado a la defensa de la propia Administración.

¿Podemos pedirles a unos padres de un niño con una gran minusvalía que ha sido valorado por debajo de su situación real que inicien solos y de forma heroica la defensa del derecho? ¿podemos decirle a una persona con más de 80 años, gran dependiente, encamada, que lleva esperando tres años el derecho a ser atendida, que esta perdiendo todos sus limitados ahorros en sus cuidados básicos, que contrate con un buffete de abogad@s para que defienda este derecho? Podemos poner más de mil ejemplos reales de lo que ocurre en la práctica, con manifestaciones mucho más dramáticas, que dan cuenta de cómo el “derecho subjetivo” que reconoce la Ley 39/2006 puede estar siendo pisoteado sin defensa alguna del mismo por parte de ninguna instancia.

La Plataforma en defensa de la Ley 39/2006 de Valencia ha solicitado en reiteradas reuniones con el Decano del Ilustre Colegio Oficial de Abogados de Valencia la necesidad del Turno de Oficio, para atención a la Autonomía Personal y situaciones de Dependencia, según la Ley 39/2006. La respuesta ha sido que no había abogados formados en la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, además de la insuficiencia presupuestaria.

Las valencianas y valencianos no entendemos que en nuestra ciudad, Valencia, no se haya puesto en marcha un turno de oficio que asesore i oriente sobre Dependencia como sí lo ha hecho el Ilustre Colegio Oficial de Abogados de Alicante, así como muchas de sus delegaciones (Elche, Alcoy, Orihuela, Alicante, etc.), más modestas en recursos, sean conscientes de la dimensión que alcanza la problemática de la indefensión ciudadana frente al nuevo derecho reconocido, y que el Ilustre Colegio Oficial de Abogados de Valencia no muestre sensibilidad al respecto.

Por ello, denunciamos la falta de sensibilidad del Decano del Ilustre Colegio Oficial de Abogados de Valencia por la no implantación del Turno de Oficio para asesorar y atender la demanda de las valencianas y valencianos objeto de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, Ley 39/2006 de 14 de diciembre.

En este sentido, ha tenido que ser de nuevo el esfuerzo colectivo de las asociaciones y agentes sociales, Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Valencia, Asociación Valenciana de Cuidadoras (AVADEC), organizaciones sindicales, y asociaciones de discapacitados, los que estén dando respuesta y ofreciendo una primera información y asistencia jurídica a través de diferentes gabinetes de abogados.

Deseamos subrayar de nuevo que no todas las personas beneficiarias de la Ley disponen de recursos económicos para pagar su defensa y que las valencianas y valencianos no pueden verse excluidos también de un servicio público fundamental como son los turnos de oficio.

EN VALENCIA A 30 DE ABRIL DE 2010

Para no confundir

(de www.elseisdoble.com)

Se equivoca la Sra. concejala de Servicios Sociales de Alzira si quiere hacer de la Ley de la Dependencia un arma de enfrentamiento entre Gobierno Central, Autonómico y, ahora, Municipal.

Creo que la Sra. concejala de Servicios Sociales de Alzira está pidiendo con su escrito que le ayudemos a completar la medias verdades que dice en él y todo, como hace el PP, para culpar de todos los males a Zapatero. Vamos a ver.

“Solicita ayuda para la financiación de los Servicios Municipales de atención a las personas dependientes porque la ley de Zapatero sólo contempla el gastos de la persona dependiente, pero no para las personas que trabajan en la gestión de esta área”. Creo que se ha equivocado de culpable. Antes de la aplicación de esta ley, el cuarto pilar del Estado del Bienestar por iniciativa socialista, unos funcionarios técnicos en la materia, aconsejaron a la Conselleria del PP, la conveniencia de dotar con más recursos, unos pocos más recursos, al Centro Base donde se valora la discapacidad, a las Direcciones Provinciales y a los Servicios Municipales para que realizaran este trabajo, ya que eran los organismos públicos más preparados para la aplicación de la ley. Incluso se insinuó la posibilidad de capacitar a los equipos técnicos de los centros y servicios públicos y privados acreditados para que ayudaran en la valoración de las personas que estaban atendiendo (centros de días, residencias, centros ocupacionales...). Esta propuesta fue rechazada y se creó una empresa paralela a la cual dotaron de todos los medios económicos necesarios para ejercer su función, que ha resultado muy lenta y complicada. Somos de las últimas Autonomías en valorar, junto con Murcia y Madrid, y han fallecido unas 15.000 personas sin poder disfrutar de esta ley habiéndola solicitado a tiempo. Si no se hubiera creado esta empresa, los Servicios Sociales Municipales estarían bien dotados de personal, pero entonces no hubieran podido enchufar a los amigos, lo que demuestra que el PP no está muy convencido de la Municipalización de estos servicios.

En la segunda parte del escrito debe haber una confusión. La ley dice que la financiación de estas plazas, reconocidas de la dependencia, corresponde al 50% por igual al Gobierno Central y al Autonómico y una aportación del usuario, llamada copago, en base a sus propios ingresos. Pero la Generalitat, gobernada por el PP, aún no ha dicho, siendo su competencia, cómo se aplica esta aportación de los usuarios y siguen pagando lo mismo de siempre. Si se publicara la Orden del Copago, seguramente muchas personas dependientes pagarían menos.

En el tercer apartado, debemos aclarar a los lectores que el Gobierno de Zapatero entrega puntualmente los fondos, como lo demuestra el funcionamiento de todas las Autonomías si se le envían las valoraciones de los expedientes y sus correspondientes Programas Individuales. A más valoraciones enviadas a Madrid conforme a ley, más financiación. Es así que vamos a la cola de las valoraciones, luego recibimos menos dinero. Podemos consultar la página del Ministerio donde se informa, todos los meses, de las valoraciones entregadas por las Comunidades Autónomas. Tenemos el triste honor de haber sido la Comunidad Valenciana, desde que comenzó la aplicación de la ley, el coche escoba o el farolillo rojo, nada digno este puesto en el 2009 de la Solidaridad y del 600 aniversario de la creación del primer psiquiátrico por P. Jofré. Fuimos los primeros con los “locos” y ahora somos los últimos con los “dependientes”.

La Plataforma de la Ribera para la Ley de la Dependencia se siente satisfecha de que nuestro Ayuntamiento exija o pida, a quien sea, más recursos para la mejor y rápida aplicación de la ley, pero vuelve a equivocarse la Sra. concejala si quiere hacer de esta ley, que bien justifica un Legislatura por ser un derecho universal y subjetivo que nadie nos puede ya negar, un arma de enfrentamiento entre Gobierno Central, Autonómico y, ahora, Municipal. Son los tres, como Estado, los que deben cumplir la ley aprobada en el Parlamento Español.

Xavier Cantera

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