diumenge, 1 de març de 2015

ENCUENTRO CON LOS CANDIDATOS A LAS ELECCIONES PARA QUE FIRMEN EL PACTO POR LA DEPENDENCIA



"La Coordinadora Discapacidad y Dependencia hemos organizado este encuentro con los y las candidatos/as que concurren a las elecciones del próximo mes de mayo con el objetivo de trasladarles nuestras propuestas y que fueran incorporadas en su programa electoral de cara a las próximas elecciones autonómicas y locales.

Lamentablemente no hemos podido conseguir contar con la presencia de tod@s l@s candidat@s como nos hubiese gustado así que contaremos con la presencia de:
* Mónica Oltra por Compromís.
* Ignacio Blanco por EUPV
* Toni Cantó por UPyD
* Agustín Cerdá por ERPV
* Antonio Torres (portavoz del PSPV en Les Corts; el candidato Ximo Puig declina la invitación)
* Podemos está pendiente de designar su representante, ya que no tienen candidato
* Ciutadans (Carolina Punset) declina por motivos de agenda
* PP declina la invitación porque dicen no tener candidato todavía.
A todas y todos l@s candidat@s que por adelantado y ya con su sola presencia manifiestan su compromiso con la discapacidad y la dependencia, muchas gracias."


DECÁLOGO ELECCIONES MAYO 2015
  1. Defender un Sistema Público de Servicios Sociales a través de una nueva LEY AUTONÓMICA DE SERVICIOS SOCIALES.
  2. Garantizar la IGUALDAD INTERTERRITORIAL mediante la colaboración efectiva de los distintos niveles de la administración (estatal, autonómico y municipal) y las distintas Consellerias con competencias en el sector (educación, sanidad, bienestar social, empleo y hacienda).
  3. Establecer una FINANCIACIÓN SUFICIENTE para la adecuada cobertura de todos los servicios sociales a través de presupuestos reales, efectivos y de carácter FINALISTA. Así mismo, promover un MODELO CONCERTADO DE FINANCIACIÓN para los servicios sociales gestionados por Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL).
  4. DEROGAR LA NORMATIVA AUTONÓMICA EN SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA que obstruye y paraliza la implantación real y efectiva de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (LAPAD); RECORTA prestaciones económicas para las personas cuidadoras en el entorno familiar y los servicios; establece el COPAGO DE LOS SERVICIOS SOCIALES, injusto para las personas con discapacidad, mayores y en situación de dependencia, así como el COPAGO FARMACÉUTICO, de productos farmacéuticos, ortoprotésicos y ayudas técnicas para las personas con discapacidad.
  5.  Crear una MESA DE BIENESTAR SOCIAL de carácter consultivo y vinculante, donde estén presentes las organizaciones representativas del sector, organizaciones sindicales, usuarios, plataformas y familiares.
  6. Hacer efectivas las políticas para FOMENTAR EL EMPLEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD en los diferentes ámbitos, tanto público como privado y apostar por su plena integración en el mercado laboral de manera efectiva, especialmente de aquellas con mayores dificultades dentro del propio colectivo.
  7. Garantizar la PLENA ACCESIBILIDAD, mediante la eliminación real y efectiva de todas las barreras arquitectónicas y de la comunicación.
  8. Promover unos SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, mediante una adecuada regulación de la acreditación de centros, servicios y programas. Garantizar unas condiciones dignas de de trabajo, de las trabajadoras y los trabajadores del sector, cumpliendo con el pago puntual según establece la legislación laboral y cumplimiento del convenio colectivo de referencia. Asimismo, los centros y las administraciones públicas habrán de prestar especial atención a la adecuada formación de todos los y las profesionales (formación, titulación, habilitación profesional y certificación…).
  9. Instar a la administración autonómica a que legisle para que las competencias en materia de SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS Y DE PROXIMIDAD sigan siendo COMPETENCIA MUNICIPAL independientemente del tamaño de la población para paliar los efectos de la Ley 27/2013, de 27 de Diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
  10. Establecer los mecanismos que faciliten el acceso a UNA JUSTICIA DILIGENTE, EFECTIVA Y REAL, garante del respeto, la dignidad y la autonomía de la voluntad de las personas con discapacidad y en situación de dependencia.
Forman parte de la COORDINADORA D&D:
ACVEM, ASIEM, AVADEC, AVUSAN, CCOO‐PV, COPAVA, DISCAPACITAT EN MARXA, FSIE, IV‐PV, PLATAFORMES DEFENSA LLEI DE DEPENDÈNCIA, PER UNA VIDA DIGNA, , PLATAFORMA EN DEFENSA SALUT MENTAL PÚBLICA, UGT‐PV, COMUNICACIÓN ACCESIBLE: CINESIN

dilluns, 3 de novembre de 2014

COMUNICADO DE LA COORDINADORA DE DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA Y PLATAFORMAS EN DEFENSA DE LA LEY DE DEPENDENCIA

COMUNICADO
COORDINADORA DE LA DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA
PLATAFORMAS EN DEFENSA DE LA LEY DE DEPENDENCIA

El presente comunicado tiene por objeto hacer llegar a la opinión pública en general, nuestra total disconformidad con el proyecto de borrador de la modificación de la Orden 21/2.012, de 25 de octubre, de la Consellería de Justicia y Bienestar Social, por la que se regulan los requisitos y condiciones de acceso al programa de atención a las personas y a sus familias en el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Valenciana. Este modelo entre otras cosas, impide el buen desarrollo y dificulta a familiares y a personas en situación de dependencia y/o discapacidad el acceso al Sistema, ya de por sí maltrecho.
El principal motivo de oposición radica y así lo expresamos en las alegaciones planteadas en la anterior versión del borrador en verano del presente año ante la Consellería de Bienestar Social  en el acuerdo de fecha de 10 de julio de 2.012 del Consejo Territorial para la Mejora del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia: hasta tanto no se desarrolle reglamentariamente, las Comunidades Autónomas carecen de competencia para autoregular determinados aspectos relativos a dicho Sistema como la capacidad económica de los beneficiarios del sistema y, en su caso, la aportación económica al mismo”.

En virtud del principio de seguridad jurídica no podemos obviar lo expuesto en el Preámbulo de la Orden 21/2012 de 25 de Octubre, de Bienestar Social, que expresa lo siguiente:
"Sin embargo, y por lo que respecta a la determinación de la capacidad económica de los beneficiarios, que también se encuentra incluida en el Acuerdo del Consejo Territorial, no procede adaptar el contenido de la normativa valenciana hasta que se apruebe el correspondiente estatal, tal y como exige el artículo 14, apartado 7, de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre".

Dña. Asunción Sánchez Zaplana, Consellera de BS, ordena la aplicación de nuevos criterios de participación económica del beneficiario en el borrador presente, sumiendo a los ciudadanos valencianos en una situación de inseguridad jurídica con riesgo de desigualdad respecto del resto de ciudadanos del territorio español para quienes no existe tal participación.

En la actualidad, debido a que nos encontramos dentro del trámite de alegaciones previsto en la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al borrador de la modificación de la Orden 21/2.012, de 25 de octubre, de la Consellería de Justicia y Bienestar Social, por la que se regulan los requisitos y condiciones de acceso al programa de atención a las personas y a sus familias en el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Valenciana, denunciamos que únicamente ha sido notificado por parte de la Consellería de Bienestar Social a determinados grupos u organizaciones representativos de la sociedad, y no a otras asociaciones, organizaciones o plataformas implicados en el ámbito social de la dependencia.

Así pues, manifestamos una vez más, nuestra repulsa a la nefasta gestión de la Consellería de Bienestar Social actuando en connivencia y complicidad con el resto del Consell del PP en la Comunidad Valenciana, demostrando actuar a espaldas de los ciudadanos aplicando medidas de recortes, repagos-copagos y limitaciones de derechos de las personas en situación de discapacidad.

En consecuencia, a fecha de hoy 3 de noviembre de 2.014, y dentro del plazo del trámite procedimental procederemos a continuación a plantear las alegaciones que consideramos convenientes, debido a que la versión de octubre de 2.013 introduce unas mínimas pero trascendentes variaciones en la manera en que los valencianos usuarios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia deben de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos utilizados.

 
                                         Valencia, a 3 de noviembre de 2014



dijous, 10 de juliol de 2014

PARECE QUE SE CONFIRMA, por Xavier Cantera

Esta serie de noticias y grabaciones sobre cómo se utilizaba la Ley de la Dependencia para llenar las residencias de la tercera edad que habían construido empresarios afines al PP gobernante en la Comunidad Valenciana, nos indican y nos confirman las sospechas que tenía la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia cuando la Administración Autonómica tardaba tantos meses y años en contestar a las solicitudes de prestaciones económicas para la atención de las personas dependientes en el entorno familiar.

Es cierto que la ley reconoce como prioridad la creación de servicios y centros de día o residenciales antes que la concesión de prestaciones económicas, quedando estas para cuando, en la demarcación geográfica, no existan dichos centros o servicios. Pero también es cierto que no han existido nunca suficientes plazas, públicas o subvencionadas, de atención a personas dependientes o con un precio al alcance de las familias empobrecidas por la crisis y, por lo tanto, solicitaban, como mejor recurso, la atención en el entorno familiar con un cuidador de confianza, que le permitía a la persona cercana al dependiente recibir una ayuda y la cotización a la Seguridad Social, conquista especialmente favorable para la mujer que, en el 98% de los casos, atiende a la persona en situación de dependencia como “eterna cuidadora”. Estos derechos han sido suspendidos y las prestaciones económicas rebajadas para así llenar sus residencias-negocios. Y si ha sido preciso, los han curado milagrosamente rebajando el grado de dependencia para pagarles menos cada mes.

Siempre se nos dijo que la Ley de Zapatero era muy cara y que fue publicada sin partida presupuestaria suficiente. Además de que en otras Comunidades Autónomas la ley había funcionado bastante bien menos en la nuestra, ahora nos vamos enterando de la paralización de muchas solicitudes para llenar primero las residencia que, como negocios privados rentables, habían construido empresarios amigos, afines o familiares de los dirigentes del PP y a los cuales, el Gobierno Valenciano, con el dinero de todos, de esa partida insuficiente, les garantizaba el rentable funcionamiento de sus empresas, enviándoles clientes con la subvención debajo del brazo y castigando así a los dependientes en el entorno familiar.

Creo que aquí podemos encontrar una explicación de por qué el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alzira estuvo, durante un tiempo, empeñado en cerrar la residencia municipal para llenar las plazas vacantes de la residencia privada situada cerca del Hospital. Eran criterios de rentabilidad económica interesada frente a los valores de proximidad, de elección libre de la residencia por parte de las familias y de la prioridad de los servicios públicos frente a los privados. 

Y también puede ser la razón de la paralización de la Residencia San Judas para personas con discapacidad intelectual que, aunque fue un proyecto bendecido mediante epístola oficial en 2003 por un conseller alzireño, fue paralizado por los lugartenientes de Cotino desde el 2007 a 2009 y arrinconado, después, con la escusa de la crisis económica.

Mientras las personas con discapacidad intelectual en edad joven y titulares del derecho a recibir tratamientos y apoyos especializados, son derivados a las residencias de la tercera edad, llenan las plazas de los centros privados lucrativos con las subvenciones oficiales y con los copagos injustos impuestos a las familias. Antes que favorecer a la persona que, según la misma Ley de la Dependencia, debe recibir los apoyos apropiados a su Plan Individual de Atención, buscando primero, como dice la misma Ley, “la promoción de su autonomía” y antes que confiar esta labor a una entidad social sin ánimo de lucro, con 40 años de experiencia en la atención de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, acreditada en la red pública como es ADISPAC, prefieren asegurar la rentabilidad de los negocios privados de sus amigos que subvencionan sus campañas electorales. No había dinero para unos pero sí para otros. Espero que los votos ciudadanos hagan justicia y despidan de la vida pública a los culpables ya que ellos no quieren dimitir.

diumenge, 1 de juny de 2014

Una victoria por la dependencia: «Si existe una ley, se tiene que cumplir».


(Levante-EMV La Ribera 1/6/14)

Una victoria por la dependencia

Una familia de Alzira logra diez meses después de ganar el pleito que Bienestar Social reconozca el pago de la prestación con carácter retroactivo

Una victoria por la dependencia
Una victoria por la dependencia

Primer caso de la Ribera. La resolución por la que se le aprobaba la prestación por el cuidado de su hija indignó a Inma Cortell, no por el importe, sino porque le negaba los años transcurridos desde que solicitó la ayuda alegando que no se había acreditado que en ese tiempo su hija hubiera recibido esa atención. Inma inició una lucha que llega al final. Aunque ha habido momentos de duda, concluye que «ha valido la pena».

«Si existe una ley, se tiene que cumplir». El razonamiento de Inmaculada Cortell cae por su propio peso pero, en la aplicación de la Ley de la Dependencia, presenta excepciones? aunque todo llega. Esta alcireña, madre de una gran dependiente que cuenta ahora con 20 años, ganó en julio de 2013 su recurso contra la Conselleria de Bienestar Social que se negaba a reconocerle con carácter retroactivo la prestación para cuidados en el entorno familiar que contemplaba la ley y, tras casi diez meses de pelea para que se cumpliera esa sentencia, acaba de recibir esta semana la resolución de la directora general de Dependencia por la que asume llevarla a efecto y cuantifica incluso el importe que le corresponde. Inma considera que se trata de una «victoria moral» aunque no duda en destacar que todo el esfuerzo depositado en defensa de los derechos de su hija «ha valido la pena».
Se trata además de la primera sentencia en el ámbito de la Plataforma de la Ribera per la Llei de la Dependència, de la que Inma Cortell fue promotora, y de la primera vez que la conselleria reconoce formalmente el derecho a percibir esos atrasos a una familia de la comarca, según explica Xavier Cantera, uno de los integrantes de este colectivo, que quiso animar a todos los dependientes a seguir los pasos de Inma y recurrir «porque tenemos las de ganar».
La resolución de la Generalitat por la que se le concedía la prestación económica para el cuidado de su hija desde el momento de esa aprobación, pero se le denegaba en los años transcurridos desde el momento en que presentó la solicitud, como contemplaba la ley, se convirtió en un arma de doble filo contra la conselleria, que argumentaba la negativa a conceder la ayuda con carácter retroactivo en que no constaba debidamente acreditado que la hija de Inma hubiera estado recibiendo ninguno de los servicios previstos en el catálogo del Consell. Inma Cortell recibió la notificación un 28 de diciembre, pero no era una inocentada, y se indignó.
«Llegar hasta el final»
«Estaba dispuesta a llegar hasta el final aunque me quedara a tablas. La conselleria tenía que saber que mi hija vive aquí, que soy su madre y que la estoy cuidando, me dejé de trabajar para cuidarla porque son las 24 horas al día y yo me iré, pero ella necesitará una cuidadora y, a la larga, todo es para ella», expone sin ocultar su rabia por aquella resolución.

La pelea desde que interpuso el primer recurso contra esa resolución de noviembre de 2009 ha sido larga y, según reconoce, en el camino han habido altibajos que ha superado con el apoyo de la plataforma. «Muchas veces me preguntaba si valdría la pena», señala, mientras valora la resolución de la conselleria como un triunfo personal pero también de la plataforma.
«No me ha tocado la lotería»
La resolución dictada por la directora general para cumplir la sentencia cifra en 17.500 euros los atrasos que debe percibir correspondientes a las prestaciones que debió cobrar y no le pagaron en los años 2007, 2008 y 2009. «Que nadie piense que me ha salido la lotería», advierte Cortell. Entre otras cosas, porque pese a la condena a la conselleria, ha tenido que soportar los gastos del juicio.

«Por mucho dinero que reciba, sólo sirve para devolverle el esfuerzo personal y económico que ha hecho», apunta Xavier Cantera, mientras señala que hay estudios que cifran en 35.000 euros el «sobreesfuerzo» que tiene que realizar una familia con un gran dependiente frente a una familia que no tiene a su cargo un discapacitado profundo. En el caso de la hija de Inma, presenta un grado de discapacidad intelectual del 86%. De hecho, la sentencia que esta familia alcireña ganó a la conselleria señala que «forzosamente» cabe concluir que esta dependiente ya recibía los cuidados que contempla la Ley de la Dependencia antes de su aprobación o de que la familia presentara la solicitud para optar a las prestaciones. «Ha costado, pero se consigue», concluye Inma Cortell.

dimecres, 16 d’abril de 2014

COMUNICADO DE LAS PLATAFORMAS EN DEFENSA DE LA LEY DE DEPENDENCIA ANTE LAS DECLARACIONES DE LA CONSELLERA DE BIENESTAR SOCIAL

La Consellera Dª Asunción Sánchez Zaplana afirmó ayer en Elx que “las prestaciones económicas para el cuidado  en el entorno familiar de personas dependientes están al corriente de pago, tal como se acordó”, dice. Se refiere al acuerdo con las Plataformas en defensa de la Ley de dependencia de la Comunitat Valenciana. 

Parece que a la Sra. Consellera le falla la memoria. En reunión mantenida en diciembre de 2012 con representantes de las  Plataformas de  la dependencia se comprometió, junto con el Conseller de Hacienda, a abonar todos los meses la nómina de las prestaciones económicas y que los dos meses que se debían de atrasos los pagaría en enero y febrero de 2013 y eso ha venido incumpliendo desde entonces. Es decir, desde diciembre de 2012 la Consellería de Bienestar Social arrastra, al menos, dos meses de deuda de prestaciones para cuidados no profesionales. 

La Consellera Asunción Sánchez Zaplana miente. Y como no es la primera vez que lo dice, parece que su intención es confundir a las familias de las personas dependientes. Semana Santa no es fecha adecuada para mentir y confundir y menos para una Consellera del Partido Popular. 

Es importante, Sra. Sánchez Zaplana, que se deje de falacias y se ponga al día en sus tareas. Exigimos que abone de una vez por todas los 15 millones de los dos meses de prestaciones económicas para cuidador familiar, que viene adeudando (ahora febrero y marzo); que no ha pagado en marzo los más de 21,5 millones de la retroactividad de 2014 (el año pasado la retrasó 9 meses); que tal como nos aseveró, corrija el copago sangrante impuesto a las personas dependientes reduciendo la prestación económica entre un 30% y un 70%; que abone los más de 90 millones de euros que debe a las Residencias Concertadas que atienden a personas mayores dependientes; que elimine el copago brutal en 14 pagas anuales impuesto a las personas con discapacidad que asisten a Centros o son atendidas en Residencias y que muchas de ellas han tenido que quedarse en sus casas por no poder atender esta decisión suya tan inhumana, injusta e ilegal.

Verla esta semana en procesión, después de sus declaraciones de ayer, nos irrita y nos indigna. Está en su derecho, pero antes que la devoción está la obligación. Y creemos sin la menor duda que, a tenor de lo expuesto, su terea como Consellera y su equipo de Bienestar Social deja mucho que desear en la atención y protección de los derechos de las personas con discapacidad y en situación de dependencia.

A 16 DE ABRIL DE 2014
Plataformas en Defensa de la Ley 39/2006
por la Autonomía Personal
y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

diumenge, 1 de desembre de 2013

La Plataforma per la Dependència de La Ribera i ADISPAC, en la Manifestació del CERMI a València.

 

Col·lectius de discapacitats i dependents del País Valencià, convocats pel CERMI CV, s'han manifestat hui pels carrers de València per a "llançar una trucada de S.O.S. amb l'objectiu de fer visible el col·lectiu i la situació precària que viuen".



 
 

De La Ribera ha anat un autobús ple, amb membres de la Plataforma per la Dependència de la Ribera i del Centre Ocupacional La Ribera d'ADISPAC
 
 
 





Unes 3.000 persones, segons els organitzadors, entre representants d’entitats, discapacitats, familiars, voluntaris i simpatitzants de totes les discapacitats han protestat en una marxa que ha començat a la Plaça del Temple finalitzat a la plaça de la Mare de Déu, per la vora del Riu Túria.

La marxa, que també ha servit per a commemorar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, s'ha desenvolupat de forma pacífica sota el lema "SOS Discapacitat: Drets, Inclusió i Benestar fora de perill (I ací encara més)".  Amb aquesta protesta, el CERMI i el sector de la discapacitat han volgut denunciar "la desaparició de recursos dirigits a aquest col·lectiu, ajudes, retallades i copagaments imposats".

L'entitat ha destacat que en el cas de l'ocupació protegida, en els últims anys s'han destruït 3.500 llocs de treball, fet que colpeja encara més un col·lectiu de difícil inserció laboral que suporta una major taxa d'atur que la de les persones sense discapacitat.

Els participants s'han detingut davant la seu de Les Corts per a protestar per les últimes mesures preses pel Consell.

El president del CERMI CV, Joan Planells, ha llegit un manifest en el qual ha assegurat que la crisi "no pot convertir-se en una excusa per a fer retallades ideològiques que col·loquen en una situació indigna tant a les persones amb discapacitat com a les organitzacions i treballadors que les atenen".

La manifestació ha reunit els màxims representants de les 14 entitats de discapacitat integrades en el CERMI CV i persones amb tot tipus de discapacitat. També s'hi han adherit altres nou entitats empresarials, sindicals, socials i universitàries.

(De EFE/València)
 
 

 

dimecres, 10 de juliol de 2013

UN OBLIT DE RUBALCABA, NOMENAR COM EL PP TAMBÉ ESTÀ OFEGANT LES PERSONES DEPENDENTS

Un grup de membres de les "Plataformes per la llei de la Dependència" vam estar el pasat dilluns 8 de juliol a la Sala Rex, en l'acte de celebració dels 110 anys de la "Casa del Pueblo" d'Alzira.

Ens havien convidat a asssitir des del PSPV-PSOE local, i pensàvem que era important assistir per fer un reconeixement al PSOE i, en el seu nom, al Sr. Rubalcaba per haver elaborat, aprovat i promulgat  en 2006 la "“Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a las Personas en Situación de Dependencia”, que configurava el dret de els persones majors o amb discapacitat a ser ateses per les Administracions Públiques, garantint-los uns serveis i recursos econòmics adequats a les seues necessitats.

Una Llei que, amb l'excusa de la crisi, el PP s'ha encarregat d'anar dinamitant divendres a divendres,  fins aconseguir que no quedara res d'allò que omplí d'esperances als milers i milers de persones dependents i les seues famílies.


Esperàrem a la porta de la Sala al Sr. Rubalcaba, i li vam donar el Comunicat que les Plataformes van aprovar en Ibi dissabte passat, on es denuncia la vergonyosa situació actual de l'aplicació de la Llei per part del PP, que està ofegant les esperances i la vida de cada dia de centenars de milers de persones dependents i de les seues famílies, les ciutadanes i ciutadans més desprotegides i desvalgudes. El Sr. Rubalcaba ens saludà amablement, encaixàrem les mans i vam somriure tots.
Van anar passant els discursos de tots els responsables polítics del PSOE i de la UGT fins que arribà el seu torn. Parlà -molt bé- del que volien els alzirenys i les alzirenyes que fa 110 anys van crear la Casa del Poble per aconseguir uns drets fonamentals per a les persones que, aleshores, no tenien. I es referí a la Sanitat, que ara la vol Pública i de Qualitat; a l'Educació, on no cal posar tanques sinó ajudar als jóvens  botar-les; de les Pensions, que no poden baixar; de les Lleis Laborals actuals, que caldrà canviar només torne a governar el PSOE...

I acabà el discurs i ens vam mirar sense dir res, adonant-nos cadascú que s'havia oblidat de la Llei de la Dependència, el 4t pilar de l'Estat del Benestar.
Després del sopar i del café, ens van preparar un encontre amb el Sr. Rubalcaba, vam anar, li vam regalar una samarreta taronja de les plataformes, ens van fer totes les  fotos i s'acabà. 
Suposem que fou un oblit, però hi ha oblits que no es poden tindre, especialment el Secretari General del principal  partit de l'oposició. 

En eixir al carrer i respirar l'airet de la nit començàrem a comentar en veu alta allò que havíem estat pensant des del final del discurs.  
 
Una llàstima i, la veritat, una veritable decepció. Perquè, a més, coneguem militants del PSPV-PSOE que estan lluitant dia a dia per les persones dependents i les seues famílies i, aleshores, el Sr. Rubalcava no les respresentà com cal.

dimarts, 9 de juliol de 2013

COMUNICADO DE PRENSA de 7 DE JULIO DE 2013 DE LAS PLATAFORMAS EN DEFENSA DE LA LEY DE DEPENDENCIA DE LA C.V.

Reunidas en la población de Ibi (Alicante), el viernes 5 de julio de 2013, las Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia (LAPAD) de la Comunidad Valenciana, queremos hacer llegar a la opinión pública el siguiente manifiesto:
  • Queremos denunciar la  gestión desastrosa y de forma intencionada que los gobiernos del PP hacen de la aplicación de la Ley de Dependencia. Según los últimos datos del Observatorio Estatal supone un desprecio y criminalización por parte de la ministra Ana Mato y del gobierno valenciano, con el President Alberto Fabra a la cabeza, a las personas dependientes, familiares, cuidadoras/es y trabajadoras/es del sector. 
  • La Comunidad Valenciana durante estos últimos 5 años ha mantenido el vergonzoso penúltimo puesto en el ranking estatal de la aplicación de la ley, este mes de junio ya ocupa el último lugar con una puntuación de 0,4 sobre 10.
  • Permanecen en lista de espera (“limbo de la dependencia”) 26.000 personas (38%). Por otra parte hay más de 11.000 dependientes moderados que teniendo derecho a una prestación o servicio están expulsados del sistema hasta el año 2015. La Consellería de Bienestar Social no emite resoluciones desde marzo de 2012. Todo ello a consecuencia de una ideología ultraconservadora del Partido Popular que destroza el ESTADO DEL BIENESTAR.
  • La Ministra para justificar el desmantelamiento de la ley de dependencia, primero criminalizó a las cuidadoras/res eliminando la cotización a la Seguridad Social. Ahora echan la culpa a las comunidades autónomas por ocultamiento de datos (fallecimientos y permanencia en el Sistema) y exigiendo un nuevo doble informe del Sistema, lo cual obstaculiza claramente el desarrollo y aplicación de la Ley.
  • Mostramos nuestro más absoluto rechazo a la puesta en funcionamiento de las subvenciones que nos llevan a una beneficencia como en los años 60. No queremos una limosna, queremos el justo cumplimiento de la ley.
  • Seguiremos mostrando nuestra reivindicaciones en todos los foros que creamos convenientes, respetando i haciendo respetar los derechos de  los/as ciudadanos/as a favor de todas las personas en situación de dependencia, familiares, cuidadoras/es y trabajadoras/es del sector.
  • Recuerda que uno no escoge ser dependiente, simplemente lo es. Hoy somos nosotros y mañana lo puedes ser tú.
PLATAFORMAS EN DEFENSA DE LA LEY DE AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (LAPAD) COMUNITAT VALENCIANA.

dijous, 9 de maig de 2013

EL PP VOTA EN CONTRA DE DEVOLVER LA GRATUIDAD DE LAS PRESTACIONES FARMACÉUTICAS Y ORTOPROTÉSICAS A LOS DISCAPACITADOS VALENCIANOS.



Representantes de las Plataformas de la Comunitat Valenciana en defensa de la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia fuimos invitados ayer miércoles 8 de mayo por el grupo parlamentario socialista  en Les Corts al debate sobre la proposición de ley defendida por el diputado socialista y portavoz de Sanidad, Juan Ignacio Subías.  
Dicha proposición de ley, apoyada por el resto de partidos de la oposición, pretendía, en líneas generales volver a recuperar el artículo 16 de la ley 11/2003 de 10 de abril, derogado el pasado mes de diciembre, según el cual “la Generalitat Valenciana garantizará la financiación gratuita para los productos incluidos en la prestación farmacéutica, el catálogo ortoprotésico y ayudas técnicas, a los pacientes menores de 18 años con discapacidad diagnosticada con un grado de minusvalía igual o superior al 33%, siendo extensible esta prestación a los mayores de 18 años diagnosticadas con un grado de minusvalía igual o superior al 65%”.
Queremos expresar nuestra más profunda indignación e impotencia al ver que en sede parlamentaria la diputada del PP, Mª José  García, mentía reiteradamente al insistir en el argumentario que utilizan desde el President Fabra hasta la consellera Sánchez Zaplana y que consiste en esgrimir que la implantación del copago farmacéutico viene impuesta por una normativa estatal. Es radicalmente falso. 
Es más, sucede justo lo contrario. La entrada en vigor del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, NO OBLIGA A SUPRIMIR EL ART 16, párrafo segundo, de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad. El citado Real Decreto-ley 16/2012 introduce con carácter general el copago farmacéutico, sin embargo, introduce una serie de excepciones, entre ellas la siguiente:
            “Afectados de síndrome tóxico y personas con discapacidad en los supuestos contemplados en su normativa específica.”
Lo que hace el Gobierno Valenciano, pues, es derogar nuestra normativa específica, el artículo 16 de la Ley 11/2003, por lo que la derogación de la gratuidad farmacéutica y ortoprotésica es pura y simplemente una decisión política, que junto a los innumerables recortes en la Ley de la Dependencia, prácticamente extinta, han terminado de mostrar la verdadera cara e ideología del Gobierno de Alberto Fabra hacia los que considera improductivos y no merecedores de ser considerados personas con el derecho de llevar una vida digna. Y además, mayoritariamente, no votan.
Y mientras la diputada popular, a falta de más argumentos, se refería a un polémica en twitter por un desafortunado comentario de un concejal socialista ¡de  Valladolid! sobre las personas con discapacidad , dejaba sin respuesta una pregunta trascendental y de graves consecuencias. 
Con las prisas en derogar el artículo 16 de la Ley 11/2003, “olvidaron” derogar el artículo 20 de la Ley  8/2008, de 20 de junio, de la Generalitat, de los Derechos de Salud de Niños y Adolescentes que dice textualmente  “La Generalitat asumirá gratuitamente la prestación farmacéutica de los menores con un grado de minusvalía igual o superior al 33%”. 
Por lo tanto, y puesto que esta ley continua en vigor, cada vez que se cobra una medicación a un menor dispacacitado, la Generalitat estaría cometiendo un delito y violando una Ley
Queremos recordar que los menores pasan de pagar cero euros por sus medicamentos, a pagar el 40% ó el 50%, lo que se traduce en un gasto mensual en muchos casos de hasta cuatrocientos euros. Inasumible para muchas familias.
Desde las Plataformas de la Dependencia seguiremos insistiendo en obtener una respuesta a esta pregunta e instamos a los padres de menores discapacitados a reclamar todo lo cobrado de forma fraudulenta por el Gobierno de la Generalitat desde el 1 de febrero.
¡¡¡DIGNIDAD, RESPETO Y JUSTICIA SOCIAL!!!

En Valencia a 9 de Mayo de 2013.

Plataformas de la Comunitat Valenciana en defensa de la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia