Se equivoca la Sra. concejala de Servicios Sociales de Alzira si quiere hacer de la Ley de la Dependencia un arma de enfrentamiento entre Gobierno Central, Autonómico y, ahora, Municipal.
Creo que la Sra. concejala de Servicios Sociales de Alzira está pidiendo con su escrito que le ayudemos a completar la medias verdades que dice en él y todo, como hace el PP, para culpar de todos los males a Zapatero. Vamos a ver.
“Solicita ayuda para la financiación de los Servicios Municipales de atención a las personas dependientes porque la ley de Zapatero sólo contempla el gastos de la persona dependiente, pero no para las personas que trabajan en la gestión de esta área”. Creo que se ha equivocado de culpable. Antes de la aplicación de esta ley, el cuarto pilar del Estado del Bienestar por iniciativa socialista, unos funcionarios técnicos en la materia, aconsejaron a la Conselleria del PP, la conveniencia de dotar con más recursos, unos pocos más recursos, al Centro Base donde se valora la discapacidad, a las Direcciones Provinciales y a los Servicios Municipales para que realizaran este trabajo, ya que eran los organismos públicos más preparados para la aplicación de la ley. Incluso se insinuó la posibilidad de capacitar a los equipos técnicos de los centros y servicios públicos y privados acreditados para que ayudaran en la valoración de las personas que estaban atendiendo (centros de días, residencias, centros ocupacionales...). Esta propuesta fue rechazada y se creó una empresa paralela a la cual dotaron de todos los medios económicos necesarios para ejercer su función, que ha resultado muy lenta y complicada. Somos de las últimas Autonomías en valorar, junto con Murcia y Madrid, y han fallecido unas 15.000 personas sin poder disfrutar de esta ley habiéndola solicitado a tiempo. Si no se hubiera creado esta empresa, los Servicios Sociales Municipales estarían bien dotados de personal, pero entonces no hubieran podido enchufar a los amigos, lo que demuestra que el PP no está muy convencido de la Municipalización de estos servicios.
En la segunda parte del escrito debe haber una confusión. La ley dice que la financiación de estas plazas, reconocidas de la dependencia, corresponde al 50% por igual al Gobierno Central y al Autonómico y una aportación del usuario, llamada copago, en base a sus propios ingresos. Pero la Generalitat, gobernada por el PP, aún no ha dicho, siendo su competencia, cómo se aplica esta aportación de los usuarios y siguen pagando lo mismo de siempre. Si se publicara la Orden del Copago, seguramente muchas personas dependientes pagarían menos.
En el tercer apartado, debemos aclarar a los lectores que el Gobierno de Zapatero entrega puntualmente los fondos, como lo demuestra el funcionamiento de todas las Autonomías si se le envían las valoraciones de los expedientes y sus correspondientes Programas Individuales. A más valoraciones enviadas a Madrid conforme a ley, más financiación. Es así que vamos a la cola de las valoraciones, luego recibimos menos dinero. Podemos consultar la página del Ministerio donde se informa, todos los meses, de las valoraciones entregadas por las Comunidades Autónomas. Tenemos el triste honor de haber sido la Comunidad Valenciana, desde que comenzó la aplicación de la ley, el coche escoba o el farolillo rojo, nada digno este puesto en el 2009 de la Solidaridad y del 600 aniversario de la creación del primer psiquiátrico por P. Jofré. Fuimos los primeros con los “locos” y ahora somos los últimos con los “dependientes”.
La Plataforma de la Ribera para la Ley de la Dependencia se siente satisfecha de que nuestro Ayuntamiento exija o pida, a quien sea, más recursos para la mejor y rápida aplicación de la ley, pero vuelve a equivocarse la Sra. concejala si quiere hacer de esta ley, que bien justifica un Legislatura por ser un derecho universal y subjetivo que nadie nos puede ya negar, un arma de enfrentamiento entre Gobierno Central, Autonómico y, ahora, Municipal. Son los tres, como Estado, los que deben cumplir la ley aprobada en el Parlamento Español.
Xavier Cantera
