COMUNICADO DE LA COORDINADORA DE DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA Y PLATAFORMAS EN DEFENSA DE LA LEY DE DEPENDENCIA

COMUNICADO
COORDINADORA DE LA DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA

PLATAFORMAS EN DEFENSA DE LA LEY DE DEPENDENCIA

El presente comunicado tiene por objeto hacer llegar a la opinión pública en general, nuestra total disconformidad con el proyecto de borrador de la modificación de la Orden 21/2.012, de 25 de octubre, de la Consellería de Justicia y Bienestar Social, por la que se regulan los requisitos y condiciones de acceso al programa de atención a las personas y a sus familias en el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Valenciana. Este modelo entre otras cosas, impide el buen desarrollo y dificulta a familiares y a personas en situación de dependencia y/o discapacidad el acceso al Sistema, ya de por sí maltrecho.

El principal motivo de oposición radica y así lo expresamos en las alegaciones planteadas en la anterior versión del borrador en verano del presente año ante la Consellería de Bienestar Social  en el acuerdo de fecha de 10 de julio de 2.012 del Consejo Territorial para la Mejora del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia: “hasta tanto no se desarrolle reglamentariamente, las Comunidades Autónomas carecen de competencia para autoregular determinados aspectos relativos a dicho Sistema como la capacidad económica de los beneficiarios del sistema y, en su caso, la aportación económica al mismo”.

En virtud del principio de seguridad jurídica no podemos obviar lo expuesto en el Preámbulo de la Orden 21/2012 de 25 de Octubre, de Bienestar Social, que expresa lo siguiente:

"Sin embargo, y por lo que respecta a la determinación de la capacidad económica de los beneficiarios, que también se encuentra incluida en el Acuerdo del Consejo Territorial, no procede adaptar el contenido de la normativa valenciana hasta que se apruebe el correspondiente estatal, tal y como exige el artículo 14, apartado 7, de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre".

Dña. Asunción Sánchez Zaplana, Consellera de BS, ordena la aplicación de nuevos criterios de participación económica del beneficiario en el borrador presente, sumiendo a los ciudadanos valencianos en una situación de inseguridad jurídica con riesgo de desigualdad respecto del resto de ciudadanos del territorio español para quienes no existe tal participación.

En la actualidad, debido a que nos encontramos dentro del trámite de alegaciones previsto en la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al borrador de la modificación de la Orden 21/2.012, de 25 de octubre, de la Consellería de Justicia y Bienestar Social, por la que se regulan los requisitos y condiciones de acceso al programa de atención a las personas y a sus familias en el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Valenciana, denunciamos que únicamente ha sido notificado por parte de la Consellería de Bienestar Social a determinados grupos u organizaciones representativos de la sociedad, y no a otras asociaciones, organizaciones o plataformas implicados en el ámbito social de la dependencia.

Así pues, manifestamos una vez más, nuestra repulsa a la nefasta gestión de la Consellería de Bienestar Social actuando en connivencia y complicidad con el resto del Consell del PP en la Comunidad Valenciana, demostrando actuar a espaldas de los ciudadanos aplicando medidas de recortes, repagos-copagos y limitaciones de derechos de las personas en situación de discapacidad.

En consecuencia, a fecha de hoy 3 de noviembre de 2.014, y dentro del plazo del trámite procedimental procederemos a continuación a plantear las alegaciones que consideramos convenientes, debido a que la versión de octubre de 2.013 introduce unas mínimas pero trascendentes variaciones en la manera en que los valencianos usuarios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia deben de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos utilizados.

 

                                         Valencia, a 3 de noviembre de 2014

PARECE QUE SE CONFIRMA, por Xavier Cantera

Esta serie de noticias y grabaciones sobre cómo se utilizaba la Ley de la Dependencia para llenar las residencias de la tercera edad que habían construido empresarios afines al PP gobernante en la Comunidad Valenciana, nos indican y nos confirman las sospechas que tenía la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia cuando la Administración Autonómica tardaba tantos meses y años en contestar a las solicitudes de prestaciones económicas para la atención de las personas dependientes en el entorno familiar.

Es cierto que la ley reconoce como prioridad la creación de servicios y centros de día o residenciales antes que la concesión de prestaciones económicas, quedando estas para cuando, en la demarcación geográfica, no existan dichos centros o servicios. Pero también es cierto que no han existido nunca suficientes plazas, públicas o subvencionadas, de atención a personas dependientes o con un precio al alcance de las familias empobrecidas por la crisis y, por lo tanto, solicitaban, como mejor recurso, la atención en el entorno familiar con un cuidador de confianza, que le permitía a la persona cercana al dependiente recibir una ayuda y la cotización a la Seguridad Social, conquista especialmente favorable para la mujer que, en el 98% de los casos, atiende a la persona en situación de dependencia como “eterna cuidadora”. Estos derechos han sido suspendidos y las prestaciones económicas rebajadas para así llenar sus residencias-negocios. Y si ha sido preciso, los han curado milagrosamente rebajando el grado de dependencia para pagarles menos cada mes.

Siempre se nos dijo que la Ley de Zapatero era muy cara y que fue publicada sin partida presupuestaria suficiente. Además de que en otras Comunidades Autónomas la ley había funcionado bastante bien menos en la nuestra, ahora nos vamos enterando de la paralización de muchas solicitudes para llenar primero las residencia que, como negocios privados rentables, habían construido empresarios amigos, afines o familiares de los dirigentes del PP y a los cuales, el Gobierno Valenciano, con el dinero de todos, de esa partida insuficiente, les garantizaba el rentable funcionamiento de sus empresas, enviándoles clientes con la subvención debajo del brazo y castigando así a los dependientes en el entorno familiar.

Creo que aquí podemos encontrar una explicación de por qué el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alzira estuvo, durante un tiempo, empeñado en cerrar la residencia municipal para llenar las plazas vacantes de la residencia privada situada cerca del Hospital. Eran criterios de rentabilidad económica interesada frente a los valores de proximidad, de elección libre de la residencia por parte de las familias y de la prioridad de los servicios públicos frente a los privados. 

Y también puede ser la razón de la paralización de la Residencia San Judas para personas con discapacidad intelectual que, aunque fue un proyecto bendecido mediante epístola oficial en 2003 por un conseller alzireño, fue paralizado por los lugartenientes de Cotino desde el 2007 a 2009 y arrinconado, después, con la escusa de la crisis económica.

Mientras las personas con discapacidad intelectual en edad joven y titulares del derecho a recibir tratamientos y apoyos especializados, son derivados a las residencias de la tercera edad, llenan las plazas de los centros privados lucrativos con las subvenciones oficiales y con los copagos injustos impuestos a las familias. Antes que favorecer a la persona que, según la misma Ley de la Dependencia, debe recibir los apoyos apropiados a su Plan Individual de Atención, buscando primero, como dice la misma Ley, “la promoción de su autonomía” y antes que confiar esta labor a una entidad social sin ánimo de lucro, con 40 años de experiencia en la atención de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, acreditada en la red pública como es ADISPAC, prefieren asegurar la rentabilidad de los negocios privados de sus amigos que subvencionan sus campañas electorales. No había dinero para unos pero sí para otros. Espero que los votos ciudadanos hagan justicia y despidan de la vida pública a los culpables ya que ellos no quieren dimitir.

Una victoria por la dependencia: «Si existe una ley, se tiene que cumplir».

(Levante-EMV La Ribera 1/6/14)

Una victoria por la dependencia

Una familia de Alzira logra diez meses después de ganar el pleito que Bienestar Social reconozca el pago de la prestación con carácter retroactivo

Una victoria por la dependencia

Primer caso de la Ribera. La resolución por la que se le aprobaba la prestación por el cuidado de su hija indignó a Inma Cortell, no por el importe, sino porque le negaba los años transcurridos desde que solicitó la ayuda alegando que no se había acreditado que en ese tiempo su hija hubiera recibido esa atención. Inma inició una lucha que llega al final. Aunque ha habido momentos de duda, concluye que «ha valido la pena».

P. F. | ALZIRA «Si existe una ley, se tiene que cumplir». El razonamiento de Inmaculada Cortell cae por su propio peso pero, en la aplicación de la Ley de la Dependencia, presenta excepciones? aunque todo llega. Esta alcireña, madre de una gran dependiente que cuenta ahora con 20 años, ganó en julio de 2013 su recurso contra la Conselleria de Bienestar Social que se negaba a reconocerle con carácter retroactivo la prestación para cuidados en el entorno familiar que contemplaba la ley y, tras casi diez meses de pelea para que se cumpliera esa sentencia, acaba de recibir esta semana la resolución de la directora general de Dependencia por la que asume llevarla a efecto y cuantifica incluso el importe que le corresponde. Inma considera que se trata de una «victoria moral» aunque no duda en destacar que todo el esfuerzo depositado en defensa de los derechos de su hija «ha valido la pena».

Se trata además de la primera sentencia en el ámbito de la Plataforma de la Ribera per la Llei de la Dependència, de la que Inma Cortell fue promotora, y de la primera vez que la conselleria reconoce formalmente el derecho a percibir esos atrasos a una familia de la comarca, según explica Xavier Cantera, uno de los integrantes de este colectivo, que quiso animar a todos los dependientes a seguir los pasos de Inma y recurrir «porque tenemos las de ganar».

La resolución de la Generalitat por la que se le concedía la prestación económica para el cuidado de su hija desde el momento de esa aprobación, pero se le denegaba en los años transcurridos desde el momento en que presentó la solicitud, como contemplaba la ley, se convirtió en un arma de doble filo contra la conselleria, que argumentaba la negativa a conceder la ayuda con carácter retroactivo en que no constaba debidamente acreditado que la hija de Inma hubiera estado recibiendo ninguno de los servicios previstos en el catálogo del Consell. Inma Cortell recibió la notificación un 28 de diciembre, pero no era una inocentada, y se indignó.

«Llegar hasta el final»

«Estaba dispuesta a llegar hasta el final aunque me quedara a tablas. La conselleria tenía que saber que mi hija vive aquí, que soy su madre y que la estoy cuidando, me dejé de trabajar para cuidarla porque son las 24 horas al día y yo me iré, pero ella necesitará una cuidadora y, a la larga, todo es para ella», expone sin ocultar su rabia por aquella resolución.

La pelea desde que interpuso el primer recurso contra esa resolución de noviembre de 2009 ha sido larga y, según reconoce, en el camino han habido altibajos que ha superado con el apoyo de la plataforma. «Muchas veces me preguntaba si valdría la pena», señala, mientras valora la resolución de la conselleria como un triunfo personal pero también de la plataforma.

«No me ha tocado la lotería»

La resolución dictada por la directora general para cumplir la sentencia cifra en 17.500 euros los atrasos que debe percibir correspondientes a las prestaciones que debió cobrar y no le pagaron en los años 2007, 2008 y 2009. «Que nadie piense que me ha salido la lotería», advierte Cortell. Entre otras cosas, porque pese a la condena a la conselleria, ha tenido que soportar los gastos del juicio.

«Por mucho dinero que reciba, sólo sirve para devolverle el esfuerzo personal y económico que ha hecho», apunta Xavier Cantera, mientras señala que hay estudios que cifran en 35.000 euros el «sobreesfuerzo» que tiene que realizar una familia con un gran dependiente frente a una familia que no tiene a su cargo un discapacitado profundo. En el caso de la hija de Inma, presenta un grado de discapacidad intelectual del 86%. De hecho, la sentencia que esta familia alcireña ganó a la conselleria señala que «forzosamente» cabe concluir que esta dependiente ya recibía los cuidados que contempla la Ley de la Dependencia antes de su aprobación o de que la familia presentara la solicitud para optar a las prestaciones. «Ha costado, pero se consigue», concluye Inma Cortell.

COMUNICADO DE LAS PLATAFORMAS EN DEFENSA DE LA LEY DE DEPENDENCIA ANTE LAS DECLARACIONES DE LA CONSELLERA DE BIENESTAR SOCIAL

La Consellera Dª Asunción Sánchez Zaplana afirmó ayer en Elx que “las prestaciones económicas para el cuidado  en el entorno familiar de personas dependientes están al corriente de pago, tal como se acordó”, dice. Se refiere al acuerdo con las Plataformas en defensa de la Ley de dependencia de la Comunitat Valenciana. 

Parece que a la Sra. Consellera le falla la memoria. En reunión mantenida en diciembre de 2012 con representantes de las  Plataformas de  la dependencia se comprometió, junto con el Conseller de Hacienda, a abonar todos los meses la nómina de las prestaciones económicas y que los dos meses que se debían de atrasos los pagaría en enero y febrero de 2013 y eso ha venido incumpliendo desde entonces. Es decir, desde diciembre de 2012 la Consellería de Bienestar Social arrastra, al menos, dos meses de deuda de prestaciones para cuidados no profesionales. 

La Consellera Asunción Sánchez Zaplana miente. Y como no es la primera vez que lo dice, parece que su intención es confundir a las familias de las personas dependientes. Semana Santa no es fecha adecuada para mentir y confundir y menos para una Consellera del Partido Popular. 

Es importante, Sra. Sánchez Zaplana, que se deje de falacias y se ponga al día en sus tareas. Exigimos que abone de una vez por todas los 15 millones de los dos meses de prestaciones económicas para cuidador familiar, que viene adeudando (ahora febrero y marzo); que no ha pagado en marzo los más de 21,5 millones de la retroactividad de 2014 (el año pasado la retrasó 9 meses); que tal como nos aseveró, corrija el copago sangrante impuesto a las personas dependientes reduciendo la prestación económica entre un 30% y un 70%; que abone los más de 90 millones de euros que debe a las Residencias Concertadas que atienden a personas mayores dependientes; que elimine el copago brutal en 14 pagas anuales impuesto a las personas con discapacidad que asisten a Centros o son atendidas en Residencias y que muchas de ellas han tenido que quedarse en sus casas por no poder atender esta decisión suya tan inhumana, injusta e ilegal.

Verla esta semana en procesión, después de sus declaraciones de ayer, nos irrita y nos indigna. Está en su derecho, pero antes que la devoción está la obligación. Y creemos sin la menor duda que, a tenor de lo expuesto, su terea como Consellera y su equipo de Bienestar Social deja mucho que desear en la atención y protección de los derechos de las personas con discapacidad y en situación de dependencia.

A 16 DE ABRIL DE 2014

Plataformas en Defensa de la Ley 39/2006
por la Autonomía Personal
y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.