Después de la Educación, la Sanidad y las pensiones, la cuarta revolución en derechos sociales se materializa con la Ley de Dependencia. Una ley que tiene por delante un gran recorrido, que proporcionará nuevos empleos, además de una nueva forma de entender y atender a los discapacitados por parte del Estado. Pero no se ha desarrollado por igual en todas las Comunidades Autónomas. El Gobierno de José L. Rodriguez Zapatero es quien tiene la obligación de aportar la inversión económica, pero son las CCAA quienes deben realizar la evaluación y supervisión del número y estado de discapacitados.
El PP no ha podido negarse al desarrollo de una ley tan importante, por eso, se abstuvieron en su aprobación. Pero en algunas Comunidades donde gobiernan se han dedicado a poner zancadillas en su aplicación. Estos son los casos, como siempre y una vez más, de la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.
En el caso de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps ha pasado más de un año responsabilizando a Zapatero de que el dinero no llega a Valencia. La estrategia del PP en mi tierra ha sido siempre el victimismo; de una forma burda y basta, repiten machaconamente y hasta la saciedad, que Zapatero margina a la Comunidad Valenciana no aportando el dinero que nos hace falta, para posteriormente culpabilizar al gobierno socialista de que los dependientes valencianos no tienen las ayudas prometidas. Conclusión: según el PP, la ley es mala y no funciona.
Es la estrategia de sobra conocida del PP. A lo que no se pueden oponer públicamente porque supondría una vergüenza nacional, se dedican a boicotear para que no funcione correctamente.
Ahora se ha visto con claridad. La nueva ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, ha planteado que una parte de los fondos se repartirá en función del número de valoraciones que haya realizado cada Comunidad Autónoma. O lo que es lo mismo: vamos a ver si las CCAA han hecho sus deberes.
¿Qué ha pasado en la Comunidad Valenciana con el gobierno del PP?
1) Los valencianos hemos perdido 32 millones de euros de los fondos del Estado por retraso en las valoraciones. Hay 23.000 familias que no se benefician de la ley de dependencia porque llevan más de año y medio en lista de espera sin que ningún supervisor haya respondido a su solicitud. Una situación desesperante que no se produciría en otra comunidad.
2) Según los datos del Ministerio, la Comunidad Valenciana, junto con la de Madrid, estamos a la cola en valoraciones realizadas. Mientras que nuestra población es aproximadamente del 11% del total de España, apenas hemos registrado un 4% de las valoraciones totales.
3) Podríamos pensar que el gobierno Camps no ha hecho sus deberes o ha sido negligente, pero no es cierto. Ha hecho lo que realmente quería hacer. Es decir, ha actuado con intereses totalmente partidistas boicoteando la aplicación de la ley durante más de dos años. Sin importarle la situación de los dependientes valencianos, el PP utiliza la institución pública (La Generalidad) como instrumento de combate y oposición contra el Gobierno Central. Ha sido una actitud generalizada en todo: en la guerra del agua, en la educación para la ciudadanía, en la financiación autonómica, etc.
Pero lo más preocupante, y aquí quiero poner los focos de atención, es que el gobierno del PP tiene claros intereses económicos con esta ley. El conseller Juan Cotino, responsable de su aplicación, prefiere la creación de residencias privadas (nunca públicas) para atender a los discapacitados, y prima las solicitudes de quienes están en una residencia frente a quienes prefieren ser atendidos en casa. Esto no es una cuestión ideológica. La familia próxima del Conseller tiene en propiedad actualmente 22 residencias privadas de la tercera edad en la Comunidad Valenciana. Un negocio nuevo, de expansión y poco explotado todavía, que ha visto en el entorno familiar del conseller a sus mayores empresarios. ¡Qué casualidad! Es igual que poner al zorro a cuidar del gallinero.
Así pues, ¿hay trampa o no en la aplicación de esta ley en la Comunidad Valenciana?
Ana Noguera
