El nuevo año que comienza se convertirá, sin duda, en un ejercicio crucial para el desarrollo de la Ley de Dependencia. No sólo por la entrada al SAAD de los dependientes de Grado I - Nivel II, tras un periodo de doce meses sin que se produjesen nuevas incorporaciones, sino porque el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad deberá presentar, a lo largo de 2011, un documento en el que se revise la aplicación de este marco regulatorio.
El Gobierno presentará a lo largo de 2011 un documento en el que se evaluará la implantación del Sistema de Dependencia. A la espera de que se publique dicho informe, el periódico N&G ha preguntado a distintos protagonistas del sector sociosanitario sobre los aspectos que, en su opinión, deberían resolverse de forma prioritaria para garantizar el bienestar de este colectivo de la población. Exponemos, a continuación, las 20 cuestiones más relevantes tanto para los empresarios, como para las asociaciones y las administraciones públicas.
1. ¿Cuándo se presentará el informe de revisión de la Ley de Dependencia y qué temas debería incluir?
A lo largo de 2011, el Gobierno tendría que revisar la aplicación de la Ley de Dependencia con el objetivo de adaptar los distintos reglamentos a los cambios que ha experimentado la sociedad española –sobre todo, en lo que se refiere al rápido envejecimiento de la población y a una cifra de personas dependientes mayor de lo que se había previsto inicialmente–. Ya existe, sin embargo, un informe que elaboró la Agencia de Evaluación y Calidad (AEVAL ) del Ministerio de la Presidencia en el que se proponen “reformas urgentes” del Sistema de Dependencia y que, por ahora, han quedado aparca das por el Ejecutivo. Para Albert Vergés, director general de la Fundación Edad&Vida, la revisión tendría que establecer que las prestaciones de servicios sean prioritar ias, en general, y exclusivas para los dependientes de Grado II y Grado III. Además, el copago debería fijarse con una fórmula homogénea en todas las comunidades autónomas. “También consideramos fundamental que se incentiven los seguros de dependencia y que se concrete el tema de la excepcionalidad de las ayudas económicas”, añade Vergés.
2. ¿Cuántos dependientes de Grado I existen en España y cuándo comenzarán a recibir las prestaciones?
Desde principios de enero de 2011, pueden beneficiarse de las ayudas de la Ley los dependientes de Grado I - Nivel II. Para atender a este segmento de la población, el Gobierno ha previsto otorgar máxima prioridad a las iniciativas que tengan como objetivo retrasar el agravamiento de la situación de dependencia. Sin embargo, en opinión de José Luis Méler y de Ugarte, presidente de Confederación Espa ñola de Organizaciones de Mayores (CEOMA ), se volverán a repetir “los mismos problemas que nos hemos encontrado, hasta el momento, en todo el proceso. Llevamos retrasos en la valoraciones y, consecuentemente, en la recepción de las ayudas”. No obstante , el responsable de esta Confederación precisa que la Ley “era necesaria” y que “resultan lógicas” las dificultades en su desarrollo.
3. ¿De qué presupuesto dispondrá la Ley de Dependencia en 2011?
Albert Vergés, director general de la Fundación Edad&Vida.
4. ¿Cuál es la aportación económica que deben efectuar los usuarios para acceder a las ayudas?
A día de hoy, no existe un criterio uniforme sobre la participación económica del beneficiario en los servicios que se incluyen en la Ley de Dependencia y la cuantía de la misma depende, mayoritariamente, de la comunidad donde el dependiente solicite las ayudas. Algunas administraciones han fijado el precio de concertación de las plazas residenciales, por ejemplo, como indicador de referencia para establecer el copago, pero este importe varía en función de la comunidad de la que hablemos. Así, en Galicia, con un precio de concertación de 41 euros, se abonaría una cantidad distinta a la de la Comunidad de Madrid, con un precio de 53 euros, con lo que se rompería el carácter universal y homogéneo con el que, en teoría, nació este marco regulatorio. A juicio de Luis Martín Pindado, presidente de la Unión Democrática de Pensionistas (UDP ), el Gobierno debería ampliar las prestaciones a las clases que con este sistema “llegan a pagar un elevado porcentaje de algunos servicios”. Además, Pindado pide que se aclare qué parte del recurso paga el usuario y cuál la administración. “La confusión y la ignorancia son casi absolutas”, añade.
5. ¿Se han reducido los plazos de asignación de ayudas?
En 2010, Gobierno y comunidades se comprometieron a reducir hasta seis meses el plazo que transcurre desde que el ciudadano solicita una ayuda hasta que se resuelve el dictamen correspondiente. Este acuerdo ha llevado a distintas a administraciones a introducir mejoras en determinadas fases de la aplicación de la Ley y a reforzar las estructuras con medios humanos, técnicos y materiales. Otras, incluso han regulado procedimientos más ágiles y han mejorado los sistemas de información. Sin embargo, en la actualidad, también en esta cuestiones existen importantes desigualdades en España. En opinión de José Manuel Ramírez, presidente de la As ociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, el esfuerzo que realizan Castilla y León, País Vasco, Aragón, La Rioja y Cantabria hará que cumplan con el acuerdo del Consejo Territorial. Sin embargo, considera que la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana o Canarias deberían cambiar “su organización y voluntad institucional para ajustarse a los plazos”.
6. ¿Aprobará el Gobierno un IVA superreducido para los servicios de atención a la dependencia?
José Alberto Echevarría, presidente de la FED.
Los empresarios volverán a pedir este año que el Gobierno apruebe un IVA superreducido (del 4%) para todos los servicios de atención a la dependencia, al margen de cual sea el origen de su financiación ya que, en la actualidad, la Administración aplica este impuesto únicamente a los servicios públicos y a los concertados. “Seguiremos insistiendo para que la Ley de Dependencia se desarrolle en las mejores condiciones para todos, especialmente, en estos tiempos de crisis”, afirma José Alberto Echevarría, presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED ). Sin embargo, el máximo dirigente de la patronal no se muestra optimista con respecto a conseguir un IVA superreducido para los servicios privados porque, según asegura, “la realidad es otra”, aunque manifiesta su intención “de seguir luchando”.
7. ¿Qué sucederá con los criterios de acreditación de centros y servicios?
En 2009, el Consejo Territorial de la Dependencia aprobó los estándares comunes en materia de acreditación de centros y servicios de la Ley de Dependencia, sin embargo, el documento establece que la competencia para ello corresponde “a las comunidades autónomas”. Hasta la fecha, sólo el Principado de Asturias ha elaborado su normativa correspondiente aunque está previsto que el resto de comunidades autónomas hagan públicos sus respectivos reglamentos a lo largo de este año. En cualquier caso, se trata de un proceso que siguen muy cerca los principales operadores residencialesgestión de aquellos operadores que estamos presentes en distintas comunidades autónomas pero las diferencias que se irán minimizando con el tiempo, con lo que será más abordable”, declara a este respecto Rafael Iglesias, director general del Grupo AMMA. a los que les preocupa que se impongan criterios distintos en función de la comunidad autónoma. “Mi intuición es que vamos hacia sistemas diferentes pero dentro de un marco general. Evidentemente, esto plantea algunas dificultades para la
8. ¿Cuál es el grado de implantación de las normas UNE 158000?
A la espera de que cada comunidad autónoma termine por definir sus propios criterios de acreditación, distintas entidades han creado sus propios sellos con los que se busca certificar la calidad de los recursos profesionales de atención a la dependencia. De todos ellos, las cuatro normas de la familia UNE 158000, elaboradas en el seno del Comité Técnico de Normalización de AENOR y en cuya redacción han participado administraciones y empresarios del sector, se han convertido en una de las marcas de referencia. Desde su creación, AENOR ya ha certificado a 40 organizaciones –entre residencias, centros de día y de noche, servicios de teleasistencia y entidades de ayuda a domicilio– que han mejorado la calidad de sus procesos asistenciales. Jaime Fontanals, director de Nuevos Productos de AENOR, estima que, a pesar de la crisis, el número de organizaciones que implanten esta norma se incrementará el próximo año ya que “supone una eficaz herramienta de mejora de la calidad del servicio que se demanda socialmente”.
9. ¿Se revisarán los precios de concertación para que éstos se ajusten al coste real del servicio?
Rafael Iglesias, director general del Grupo AMMA.
A lo largo de 2011, los empresarios del sector sociosanitario reclamarán, una vez más, a las administraciones públicas que ajusten los precios de concertación a los de explotación “para garantizar la supervivencia del mercado y la sostenibilidad del Sistema de Dependencia”, según subraya Alicia Azaña, secretaria general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE ). Un reciente estudio que esta organización elaboró junto a PriceWaterhouseCoopers reveló que la tarifa media que pagan las administraciones no llega a 54 euros por día, cuando el coste medio de una plaza residencial asciende a 70 euros. “Con frecuencia, se realizan verdaderas subastas de precios con adjudicaciones que luego comprometen seriamente la calidad del servicio y que, frecuentemente, obligan al operador a salirse de la convocatoria por pérdidas o con la intervención de la administración por incumplimiento”, añade Azaña.
10¿Qué protagonismo otorgará el Gobierno a las políticas de envejecimiento activo?
En los primeros seis meses de 2010, durante los que España ostentó la presidencia de la Unión Europea, se propuso que 2012 se declare Año Europeo del Envejecimiento Activo. Esta celebración permitirá que se fomente el intercambio de buenas prácticas respecto a programas que impulsen actividades encaminadas “a convertir esta etapa de la vida en un periodo saludable y activo, que permita a nuestros mayores sentirse útiles y contribuir al desarrollo de nuestra sociedad”, según ha destacado Sagrario Loza, consejera de Servicio Sociales de La Rioja y actual representante autonómica del resto de comunidades españolas en el seno del Consejo de la UE que se ocupa de los temas de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSSCO). Por primera vez en España, los mayores de 65 años –un 18% de la población– superan en número a los menores de 14 y se calcula que en Europa en 2060 sólo habrá dos ciudadanos en activo por cada persona jubilada, la mitad que ahora, según datos del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
11. ¿Qué sucederá con los trabajadores que no estén cualificados según la Ley de Dependencia?
Tal y como establecen los criterios que acordó el Consejo Territorial de la Dependencia, en 2011 debe estar cualificados el 35% de los trabajadores, es decir, un total de 74.200 gerocultores. Sin embargo, muchas empresas no podrán acreditarlo porque, hasta la fecha, no se ha aclarado cómo va realizarse dicho proceso. El futuro, por tanto, es incierto. Según advierte Pilar Ramos, directora general de la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia (AMADE ) “en función de la norma, tendremos que despedir a todos los trabajadores que no puedan demostrar su cualificación profesional y solo podremos contratar a aquellos que lo acrediten. Espero que se tomen decisiones realistas para facilitar un proceso en el que la experiencia se pueda certificar de manera ágil”.
12. ¿Se consolidará un espacio sociosanitario que permita hacer el sistema “más eficiente y rentable”?
Alberto López Rocha, presidente de SEMER.
Está previsto que, entre finales de 2010 y principios de 2011, el Gobierno publique el Libro Blanco para la Coordinación del Sistema Sanitario y del Sistema de la Dependencia. Un documento que recogerá las líneas estratégicas necesarias “para establecer una coordinación eficaz, así como las buenas prácticas que se están llevando a cabo en distintas comunidades con el objetivo de poder extrapolarlas al resto de España”. Pese a ello, parece que todavía no se han adoptado las decisiones necesarias para que se configure un espacio en el que se aúnen ambas cuestiones. “En el momento actual, no existe optimismo en la calle y, mucho menos, entre los profesionales con respecto a que se pueda garantizar la coordinación sociosanitaria. Los responsables políticos siguen sin contar con la experiencia de los agentes del sector, a pesar de nuestra insistencia en formar parte de ello, pero con voz y voto”, denuncia Alberto López Rocha, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Residencia (SEMER ).
13. ¿Se incrementarán los servicios profesionales en el marco de la Ley de Dependencia?
De todos los servicios que promueve la Ley de Dependencia, los centros de día (y de noche) se ha convertido en el recurso con menor extensión entre la población dependiente. Según el último informe del SAAD, a 1 de diciembre de 2010 sólo un 5,71% de las prestaciones concedidas incluían centros de día o de noche. El dato sorprende a expertos y analistas ya que se trata de un recurso muy valorado por los profesionales pues permite a las personas mayores seguir viviendo en su entorno habitual mientras reciben atención profesional y realizan actividades que promueven un envejecimiento saludable. En opinión de Catalina Hoffmann, directora general de Vitalia Centros de Día, “al no tener implantada de manera homogénea la Ley de Dependencia en las diferentes comunidades autónomas no se ha dado la posibilidad de que se produzca un incremento de centros de día”. No obstante, para esta empresaria resulta fundamental que en las valoraciones de dependencia se analiza, de forma individual, cuál es el recurso que más necesitan las personas mayores.
14. ¿Qué sucederá con los cuidadores no profesionales?
Las ayudas al cuidador no profesional se mantienen como el recurso más extendido entre la población dependiente. A principios de diciembre, el 48,38% del total de las ayudas se correspondían con este tipo de prestación, a pesar de que en la Ley de Dependencia se hace alusión a la misma como una figura de carácter excepcional. Quizá por ello, el Gobierno ha decidido limitar su proliferación, sobre todo, para los dependientes de Grado I. En concreto, el acuerdo firmado en el último Consejo Territorial establece que la persona que se beneficie de esta ayuda tiene que haber recibido, de forma previa a su solicitud, cuidados en el entorno familiar y que ésta encuentre dificultades para acceder a un servicio profesional por la falta de recursos públicos o privados concertados. Además, el cuidador deberá demostrar con convive con el usuario y que se halla en plenas facultades para realizar esta labor, es decir, que no se encuentre en situación de dependencia.
15. ¿Reforzarán las entidades financieras la comercialización de seguros de dependencia?
Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA.
Aunque el seguro de dependencia se concibió como un producto ideado para complementar la prestación pública que contempla la Ley de Dependencia, a día de hoy son muy pocas las entidades financieras o aseguradoras que lo comercializan. Es más, muchas de ellas han decidido frenar la promoción de este producto ante la poca aceptación que tiene entre sus clientes. Según Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA, se ha abordado exclusivamente la parte final del modelo de dependencia, la de la prestación y “se ha dejado sin desarrollar –o se ha hecho en menor medida– un aspecto que, a la larga, resulta esencial: la prevención”. La presidenta de la patronal aseguradora recalca que si no tomamos conciencia de que todos acabaremos siendo dependientes, de un grado o de otro, “difícilmente vamos a preocuparnos por ello buscando un seguro y más aún, cuando el incentivo fiscal para ello, es decir, para garantizar que las personas lleguen con capacidad para asumir su copago, es ínfimo y compartido con otros esquemas de ahorro como la jubilación ”.
16. ¿Habrá una tercera convocatoria del Fondo de la Dependencia para las empresa del sector?
En abril de 2010, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI ) abrió la segunda convocatoria del Fondo de Dependencia, que tiene como objetivo prestar apoyo financiero a las empresas y sociedades que realicen la actividad de promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Por ahora, sólo se ha hecho público que el Grupo Ballesol se ha beneficiado de esta iniciativa. En noviembre de año pasado, Ignacio Vivas, su consejero delegado, suscribió un préstamo ordinario de dos millones de euros para acometer dos inversiones, la construcción y gestión de un centro residencial para personas mayores dependientes en San Felices de Buelna (Cantabria) y el equipamiento de dos unidades residenciales de un centro geriátrico en Villajoyosa (Alicante). En 2011, habrá una nueva convocatoria de este fondo que, como en años anteriores, contará con un presupuesto de 17 millones de euros, según han confirmado fuentes de SEPIDES.
17. ¿Qué percepción tiene la población sobre los productos de licuación de patrimonio?
Artur más, presidente del Gobierno catalán.
Parece que las rentas vitalicias o las hipotecas inversas comienzan a consolidarse entre las personas mayores. Según revela un sondeo que ha realizado Grupo Retiro, un 25% de los encuestados califica estas soluciones de “muy beneficiosas” para afrontar sus necesidades y complementar las prestaciones de la Ley de Dependencia. Además, del mismo informe se desprende que un 38% considera ventajosas las rentas vitalicias o hipotecas inversas, mientras que un 31% los contrataría “sólo en caso de necesidad”. Sin embargo, todavía existe un grupo de población que siente recelo hacia estas soluciones –en concreto, un 6%– y a los que le preocupa perder su patrimonio inmobiliario para afrontar necesidades que, en realidad, “deberían ser cubiertas por el Estado”.
18. ¿Cuándo comenzarán las negociaciones del nuevo Convenio Colectivo de la Dependencia?
A f inales de año comenzarán las negociaciones para el VI Convenio Colectivo del Sector de la Dependencia, un texto que regula las condiciones laborales de más de 200.000 trabajadores. El anterior se firmó por una vigencia de cuatro años (2008-2011) y lo suscribieron, del lado empresarial, la FED, la FNM y LARES; y del lado sindical, CC.OO.-UGT decidió no respaldar el texto porque, en su opinión, invadía competencias de otros acuerdos como, por ejemplo, el de Acción Social. Sin embargo, José Alberto Echevarría, presidente de la FED, calificó el convenio de “excelente”, especialmente en el apartado de retribuciones, “que contempla un incremento salarial del 25%”. Echevarría también recalcó el consenso que ha suscitado esta normativa, ya que “ha contado con el respaldo de todas las patronales”.
19. ¿Qué sucede con las comunidades que aún no han asignado alguno de los recursos de la Ley?
Según los registros del SAAD, varias comunidades autónomas todavía no han asignado ninguna prestación correspondiente al servicio de ayuda a domicilio o al de teleasistencia, a pesar de que se recogen en el catálogo de servicios de la Ley. Portavoces de gobiernos regionales que se encuentran en esta situación señalan que este recurso lo prestan tradicionalmente los ayuntamientos con las subvenciones que éstos reciben de la Comunidad y que, por tanto, no se tramitan como ayudas a la dependencia propiamente dichas. “Lo que no quiere decir que los ciudadanos que lo demanden, no se beneficien de este servicio”, precisan las mismas fuentes.
20. ¿Aplicará la Generalitat una Ley de Dependencia regional?
Leire Pajín, ministra de Sanidad y Política Social, explicó en el desayuno de Nueva Economía Fórum, que el Gobierno ha invertido más de 5.000 millones de euros en la Ley de Dependencia desde su puesta en marcha.
Artur Mas, presidente del Gobierno catalán, se comprometió, antes de vencer en las elecciones regionales, a impulsar un modelo catalán de autonomía personal que sustituya a la Ley de Dependencia, que, a su juicio, invade las competencias en Política Social de Cataluña. Según dijo, el marco estatal se ha convertido en “un embudo y un atasco” a la hora de discernir entre las problemáticas y recibir las ayudas. Por ello, Mas quiere impulsar una ley propia para que todos los ciudadanos “gocen del máximo de autonomía personal en función de sus condiciones, diferenciando entre personas mayores, discapacidades y enfermedades mentales”. Sin embargo, este marco debería tener una coherencia en el conjunto del Estado. “Nos referimos a la acreditación de centros y servicios y el copago, con el objetivo de que no hayan diferencias entre las comunidades autónomas en servicios básicos para los ciudadanos”, precisa Vergés.
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