Esta serie de noticias y grabaciones sobre cómo se utilizaba la Ley de la Dependencia
para llenar las residencias de la tercera edad que habían construido
empresarios afines al PP gobernante en la Comunidad Valenciana, nos
indican y nos confirman las sospechas que tenía la Plataforma en
Defensa de la Ley de la Dependencia cuando la Administración
Autonómica tardaba tantos meses y años en contestar a las solicitudes
de prestaciones económicas para la atención de las personas dependientes
en el entorno familiar.Es cierto que la ley reconoce como prioridad la creación de servicios y centros de día o residenciales antes que la concesión de prestaciones económicas, quedando estas para cuando, en la demarcación geográfica, no existan dichos centros o servicios. Pero también es cierto que no han existido nunca suficientes plazas, públicas o subvencionadas, de atención a personas dependientes o con un precio al alcance de las familias empobrecidas por la crisis y, por lo tanto, solicitaban, como mejor recurso, la atención en el entorno familiar con un cuidador de confianza, que le permitía a la persona cercana al dependiente recibir una ayuda y la cotización a la Seguridad Social, conquista especialmente favorable para la mujer que, en el 98% de los casos, atiende a la persona en situación de dependencia como “eterna cuidadora”. Estos derechos han sido suspendidos y las prestaciones económicas rebajadas para así llenar sus residencias-negocios. Y si ha sido preciso, los han curado milagrosamente rebajando el grado de dependencia para pagarles menos cada mes.
Siempre se nos dijo que la Ley de Zapatero era muy cara y que fue publicada sin partida presupuestaria suficiente. Además de que en otras Comunidades Autónomas la ley había funcionado bastante bien menos en la nuestra, ahora nos vamos enterando de la paralización de muchas solicitudes para llenar primero las residencia que, como negocios privados rentables, habían construido empresarios amigos, afines o familiares de los dirigentes del PP y a los cuales, el Gobierno Valenciano, con el dinero de todos, de esa partida insuficiente, les garantizaba el rentable funcionamiento de sus empresas, enviándoles clientes con la subvención debajo del brazo y castigando así a los dependientes en el entorno familiar.
Creo que aquí podemos encontrar una explicación de por qué el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alzira estuvo, durante un tiempo, empeñado en cerrar la residencia municipal para llenar las plazas vacantes de la residencia privada situada cerca del Hospital. Eran criterios de rentabilidad económica interesada frente a los valores de proximidad, de elección libre de la residencia por parte de las familias y de la prioridad de los servicios públicos frente a los privados.
Y también
puede ser la razón de la paralización de la Residencia San Judas para
personas con discapacidad intelectual que, aunque fue un proyecto
bendecido mediante epístola oficial en 2003 por un conseller alzireño,
fue paralizado por los lugartenientes de Cotino desde el 2007 a 2009 y arrinconado, después, con la escusa de la crisis económica.Mientras las personas con discapacidad intelectual en edad joven y titulares del derecho a recibir tratamientos y apoyos especializados, son derivados a las residencias de la tercera edad, llenan las plazas de los centros privados lucrativos con las subvenciones oficiales y con los copagos injustos impuestos a las familias. Antes que favorecer a la persona que, según la misma Ley de la Dependencia, debe recibir los apoyos apropiados a su Plan Individual de Atención, buscando primero, como dice la misma Ley, “la promoción de su autonomía” y antes que confiar esta labor a una entidad social sin ánimo de lucro, con 40 años de experiencia en la atención de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, acreditada en la red pública como es ADISPAC, prefieren asegurar la rentabilidad de los negocios privados de sus amigos que subvencionan sus campañas electorales. No había dinero para unos pero sí para otros. Espero que los votos ciudadanos hagan justicia y despidan de la vida pública a los culpables ya que ellos no quieren dimitir.
